El Gobierno y los gremios oficialistas intentarán encarrilar esta semana la ronda de paritarias con aumentos salariales en el rango del 26% al 28%, aunque la clave de los acuerdos serán las eventuales cuotas para saldar los ajustes.

Ese tironeo será determinante en las dos discusiones principales: la de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM, el gremio industrial más importante) y la de Comercio (el más numeroso del sector privado). Los debates, en los que por primera vez los empresarios son poco más que espectadores, se llevarán adelante bajo la amenaza de medidas de fuerza.

La dinámica de las negociaciones en los sindicatos más afines al Gobierno impuso la lógica que había sugerido el ministro de Economía, Axel Kicillof, de alejar lo más posible del 30% los acuerdos salariales. Ayer, el funcionario admitió que la desaceleración de los últimos meses en la inflación debería ser acompañada por "acuerdos paritarios más bajos". Y si bien volvió a negar la imposición de un techo por parte del Ejecutivo, aseguró que no permitirá que las subas tengan como financiamiento aumentos de subsidios estatales o de precios al consumidor.

La mirada esta semana volverá a estar centrada en la UOM y en Comercio. El líder del gremio metalúrgico, Antonio Caló, que arrancó su paritaria con una demanda de suba del 32% para llevar el salario mínimo garantizado de la actividad de $ 6.400 a $ 8.500, había aceptado bajar su expectativa a casi el 30% luego de sugerencias en ese sentido del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. El propio funcionario, sin embargo, debió volver sobre sus pasos para transmitir la posición imperante de Kicillof: los incrementos deberían ser inferiores al 25% para contar con la homologación oficial.

El mismo obstáculo encontró el mercantil Armando Cavalieri para acordar un 30% en dos cuotas de 15%, más dos pagos no remunerativos de $ 1.200, con la Cámara de Comercio. El jueves, en una reunión reservada que mantuvo con Kicillof, se ofreció para acordar una suba del 26% pero en un solo pago, además de las sumas fijas.

Aunque el ministro tomó nota, desde el sector empresarial advirtieron que esa modalidad de aumento no podría pagarse, y de hacerlo sería con el traslado inmediato de ese costo a los precios, algo que el funcionario reprobó ayer públicamente. Y aclararon que el impacto que más temen, en caso de un aumento en un pago, es el del aguinaldo de mitad de año.