Durante su primer discurso ante la asamblea legislativa en el año 2008, el Gobernador Daniel Scioli señaló como principal reclamo de la sociedad la lucha contra la inseguridad. Ocho años de gestión más tarde, la realidad de la provincia muestra que ha sido una lucha que no ha podido vencer más allá de la estrategia de márketing que ha montado en torno a la problemática. Los hechos son contundentes y las víctimas de delitos se cuentan a diario por cientos, lamentablemente.

A pesar de haber decretado la emergencia en seguridad en 2014, de haber realizado contundentes adecuaciones sobre el presupuesto de seguridad, la provincia de hoy, es más insegura que la de 2008.

Decía que los hechos son contundentes y la realidad incontrastable. Basta con detenerse a analizar el último informe de la Procuración General de la Corte, donde queda claro que perder la vida en la Provincia por causas derivadas de la inseguridad, resulta una situación frecuente. Mueren 4 bonaerenses, en promedio, por día, víctimas de homicidios.

En 2014, 1.478 personas resultaron victimas de homicidios, cifra que representa un aumento del 3,2% con relación a 2013. Es decir que uno de cada cinco homicidios fue en intentos de robos o en robos consumados. También, durante ese período, se denunciaron 750.660 hechos delictivos en las fiscalías de los 18 departamentos judiciales, cifra que representa más de 2.050 hechos por día.

Los robos con armas registrados en 2014 son más de 58.000. Es decir, 159 robos con armas se registran por día en la provincia, sin dejar de mencionar las acciones delictivas que por transformarse en habituales no son denuncias.

Claramente, las cifras crudas contrastan cualquier intento de explicación por el lado de la sensación de inseguridad: la provincia es un territorio donde se roba con violencia y muchas veces se mata.

Para hacer de ésta una provincia más segura se necesita para las fuerzas de seguridad de la inversión en logística y en la incorporación de recursos humanos comprometidos con el vecino de cada localidad, pero también se necesita trabajar en serio en la inclusión social, la mejora de la calidad educativa y la igualdad de oportunidades que de ella se desprende.

La Inversión en seguridad, por ejemplo, durante la gestión del gobernador, ha sido escasa e insuficiente. En 2008 se invirtió el 4,8% del presupuesto del Ministerio de seguridad, de 2009 a 2013 en promedio se invirtió el 1%, en 2014 el 3,9%, y a marzo de 2015, el 1,8%.

Así es como, las cifras oficiales registraban en 2008, año en el que inicia su gestión el Gobernador saliente, 5 cada 100.000 homicidios en ocasión de robo, en 2015, el Gobernador deja una provincia con 9 homicidios en ocasión de robo cada 100.000

Compartimos definición con el Gobernador, de que el camino de la seguridad es un camino arduo, donde no hay soluciones mágicas, pero entendemos que la inversión en tecnología, rodados, instalaciones y equipos para las fuerzas de seguridad, es parte de la solución real para acorralar el delito, así como lo es invertir en inclusión social.

No se está yendo a la prevención, sino a atacar el delito, al hecho consumado. En los detalles de gastos por programas sociales se interpreta que la gran mayoría de los destinos de fondos están centrados en garantizar la asistencia directa alimentaria.

No se evidencian recursos direccionados a un proceso de búsqueda de inclusión, sino medidas paliativas, cortoplacistas que han consolidado un modelo de gestión clientelar en lo social, a pesar del relato.

Mientras no se trabaje en serio en inclusión, en los jóvenes que no estudian ni trabajan que son más de medio millón en la provincia, en el acceso a la vivienda digna, como respaldo de la conformación del núcleo familiar y en políticas públicas de largo plazo, el delito será muy complejo de disminuir.