El segundo semestre comenzó con complicaciones en los municipios bonaerenses, muchos de los cuales aún no lograron recomponer sus finanzas, pese a los ajustes realizados y a las ayudas recibidas por parte de la Provincia, debido al impacto combinado de una merma en las recaudaciones locales y un congelamiento en el ritmo de crecimiento de la coparticipación.

La gobernadora María Eugenia Vidal escuchó la preocupación de boca de dos intendentes del interior provincial a los que visitó la semana que pasó: sus comunas están “al límite” de sus posibilidades financieras. Uno de ellos le dijo que pudo pagar los sueldos, pero a costa de no avanzar con obras que dependan del presupuesto propio. El otro, ya tiene problemas para afrontar los compromisos salariales con sus trabajadores.

La situación está extendida: de acuerdo a los números del Gobierno provincial, al menos 109 de los 135 municipios bonaerenses tienen sus cuentas en rojo, y la sumatoria de estos déficits alcanza los 3600 millones de pesos. Hacia el final del mes del aguinaldo, unas cuarenta comunas debieron recibir un auxilio espacial de la provincia para pagar ese compromiso y evitar escaladas de conflictos con sus empleados.

En el Conurbano, la luz roja se encendió por el lado de la recaudación propia. Por ejemplo, la tasa de Alumbrado Barrido y Limpieza registró, en mayo y junio, caídas de hasta un 8 por ciento, según un informe difundido días atrás. En tanto, las tasas ligadas directamente al nivel de actividad económica, que pagan las industrias y los comercios, experimentan mermas incluso superiores, que en algunos casos trepan al 30 por ciento.

La recesión también impacta por otro costado: en el interior, ya son varias las comunas que no ven una evolución de la coparticipación como la que esperaban: no baja, pero tampoco sube al ritmo que ellos necesitan.

A esta situación, se le suma por estas horas los reclamos crecientes por nuevos aumentos salariales por parte de los trabajadores, que figuraban como clausulas especiales por inflación en las negociaciones de principios de año.

CASOS

Una de las comunas más complicadas en sus finanzas es Mar del Plata. Para afrontar la crisis, el intendente Carlos Arroyo, dispuso hoy el congelamiento por decreto de las designaciones y horas extras por el término de 120 días corridos. Mientras tanto, se avecina un conflicto salarial con los municipales, quienes ya adelantaron que pedirán un aumento salarial no menor al 10 por ciento.

Los sindicatos se preparan así para una dura negociación con el Ejecutivo con el objetivo de lograr nueva recomposición salarial como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo por la inflación y los tarifazos. Cabe recordar que durante el primer semestre se otorgó una suba del 28 por ciento y se acordó que en julio se reabriría la paritaria.

Mientras tanto, en San Pedro los números tampoco cierran. Los municipales reclaman un incremento salarial no menor al 40 por ciento, mientras que el intendente Cecilio Salazar reconoce que “es uno de los municipios más complicados de la provincia”. “Estamos haciendo un esfuerzo para revertir esta situación”, pero “nos complica mucho la deuda preexistente”, dijo el jefe comunal en una reciente reunión con el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza.

En Chascomús también comenzó la negociación por la segunda parte del aumento. La Comuna propuso un incremento del 9 por ciento, muy lejano al 20 por ciento que pretenden los sindicatos, que ni siquiera lo pusieron a consideración, por lo que se acordó una nueva reunión entre las partes para el próximo miércoles.

Asimismo, en Coronel Pringles, si bien el intendente Carlos Berterret acordó otorgar una suma no remunerativa de 500 pesos para los meses de julio, agosto y septiembre, aclaró que esa bonificación es el “esfuerzo máximo” que puede hacer el Municipio y dio así por cerrada la discusión.

En Luján el panorama se complica aún más porque el Concejo Deliberante aún no aprobó el presupuesto de este año, lo que podría traer dificultades para el pago de salarios.

Otra suerte corren los empleados municipales de Guaminí, quienes llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo local para sumar un 10 por ciento de aumento al básico, que en septiembre significará el 34,8 por ciento de incremento, y lograron otros beneficios como bonificación por título, horas extras y viáticos.

En La Plata también hubo acuerdo: la Comuna dio un aumento del 8 por ciento para el segundo semestre, que se suma al otorgado en marzo del 15 por ciento más una suma no remunerativa del 7 por ciento.

LOS CONVENIOS, EN LA MIRA

En tanto, otra cuestión que enfrenta a los trabajadores con los gobiernos municipales es la búsqueda de acuerdos para la firma de los convenios colectivos, tal cual lo prevé la ley de Empleo Laboral 14.656. No obstante, a principios de este mes, el Gobierno provincial volvió a prorrogar por cuatro meses la aplicación del régimen supletorio de la normativa que establece justamente la obligatoriedad de la realización de negociaciones paritarias, por lo que esa cláusula recién entrará en vigencia el 14 de noviembre próximo.

En este contexto, Adolfo Alsina vive un extenso conflicto, que ya lleva más de un mes con protestas y paros, en el que los municipales reclaman al Ejecutivo que derogue el convenio colectivo impuesto por ordenanza, sin discusión previa con los trabajadores. “Queremos que nos llamen a discutir un nuevo convenio, alineado con la normativa vigente, que es la ley 14.656. No queremos la ordenanza actual, que suprime muchos de los derechos consagrados en esa ley provincial”, enfatizó Néstor Coliné, titular de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Adolfo Alsina (ASTM), gremio que ayer no se presentó a la conciliación obligatoria con la Comuna.