El Gobierno de María Eugenia Vidal diseña el anuncio de un incremento salarial para la Policía Bonaerense, tras el aumento de hasta el 32% escalonado definido a fines de marzo.

La medida -que regiría de manera retroactiva desde agosto-fue solicitada por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y por estas horas su par de Economía, Hernán Lacunza, analiza la letra chica.

En paralelo, entró en vigencia -al 1 de septiembre- una suba de entre el 120% y el 190% en las horas Polad, que son los adicionales que despliegan algunos efectivos como custodios de edificios públicos, bancos o eventos deportivos.

Ese retoque en rigor había sido decidido en marzo, pero la implementación se demoró para permitir primero un relevamiento oficial de los custodios en organismos públicos y entidades privadas.

La estrategia del Gobierno de Cambiemos se da en medio de la creciente preocupación por el impacto de la inseguridad en el distrito, que en las últimas semanas derivó en una serie de casos de justicia por mano propia que impactaron en la opinión pública.

A ello se suma el malestar en las filas de la fuerza por el retraso en materia salarial y las carencias de equipamiento, y la incomodidad que generó en algunos sectores de los uniformados la estocada de Vidal contra la corrupción, que incluye la obligación para jefes policiales de presentar sus declaraciones juradas de bienes.

Con este delicado telón de fondo, en las últimas horas el Ejecutivo bonaerense aceleró las gestiones ante la Casa Rosada para el retorno progresivo de gendarmes a la provincia, en el marco de un trabajo coordinado entre Nación y Buenos Aires para enfrentar focos de crimen organizado y narcotráfico en lugares calientes del territorio, como Lanús, Quilmes y Lomas de Zamora.