La Provincia de Buenos Aires adhirió al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” (Protocolo ILE) a través de la Resolución 2095/2016, que deroga la antigua Resolución 3146/2012.

Así, la Provincia se suma a las jurisdicciones que ponen en práctica el Protocolo aprobado en 2015 y que establece el acceso al aborto legal para los casos en que esté en peligro la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo fuese producto de una violación. El objetivo del protocolo es evitar la judicialización de los casos que están amparados por la ley, y evitar que las mujeres se encuentren con una negativa a la práctica en los centros de salud, ya sean públicos o privados, de todo el territorio nacional.

Para la confección de este protocolo, se tomaron en cuenta los lineamientos del fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia que clarificó los alcances del artículo 86 del Código Penal y estableció cómo se debe proceder para garantizar abortos no punibles, y concretamente, señaló que no se deben exigir autorizaciones judiciales.

Así, la Provincia se suma a las 8 jurisdicciones que ya adhirieron al Protocolo: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Amnistía Internacional celebró este “paso adelante” dado por la provincia. Y destacó que en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia, a través de la Comunicación 7°, establece que “todos los efectores de salud, (incluyendo al personal administrativo y de seguridad) son responsables de garantizar y no obstruir el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. También indica que las mujeres y niñas que desean acceder a la práctica, deben contar con información clara, completa, oportuna, veraz, comprensible y en lenguaje accesible, en un marco de confidencialidad y privacidad.