Un proyecto de ley presentado recientemente en la Legislatura provincial busca atender “de manera urgente” las consecuencias de la realización de estas obras no autorizadas. Mientras que existe una normativa vigente, promulgada en junio del año pasado, que establece duras sanciones a quienes hayan cometido esa infracción, aunque desde algunas dicen desconocer sus alcances.

Los intendentes del noroeste responsabilizan a algunos productores y coinciden en que se trata de una temática compleja, que se sostiene en un problema cultural y que más allá de las sanciones que puedan aplicarse será muy difícil de revertir. “Hay productores que prefieren pagar la multa y seguir adelante con la infracción”, lamentó en diálogo con DIB el intendente de Rivadavia, Javier Reynoso. “Lo que nosotros necesitamos es que se vuelva al estado natural cuánto antes, de poco sirven las multas como sanción cuando no reparan”, agregó.

En ese sentido, el senador del Bloque Peronista, Patricio García, presentó recientemente un proyecto de ley que busca que se aceleren los procesos desde que se realiza la denuncia hasta que se produce el tapado del canal, con el fin de morigerar el impacto que pueda generar esa obra clandestina. “El objetivo es poder accionar con una medida cautelar por la urgencia que requieren las consecuencias de una obra de estas características”, dijo el legislador en diálogo con esta agencia. Y añadió: “La idea es que se pueda presentar el planteo en el Juzgado de Paz, y que éste se expida rápidamente, y en no más de 72 horas ordene el tapado del canal”.

En ese sentido, García indicó que “con tal de salvar su producción, muchos productores construyen estos canales sin autorización, que modifican los cursos agua y provocan que se vuelque en los caminos rurales de manera descontrolada, lo que perjudica a todos los vecinos de la región”.

En tanto, la ley vigente desde mediados de 2015, la 14.703, modifica el Código de Aguas y establece multas de hasta el equivalente a 120 mil litros de gasoil grado 3, así como también prevé la suspensión de beneficios impositivos o crediticios a productores. Y pese a que la reglamentación de la ley deja los controles a manos de los municipios, quienes están facultados para “recibir denuncias, realizar relevamientos y otras actuaciones tendientes a la constatación de las obras no autorizadas”, algunos jefes comunales dicen desconocer sus alcances.

LAS DENUNCIAS

En los últimos días los intendentes de General Villegas, Eduardo Campana y su par de Rivadavia, Javier Reynoso realizaron denuncias sobre la construcción de canales clandestinos por parte de particulares. En el primer distrito, y luego de realizar un relevamiento satelital, el jefe comunal confirmó a DIB que ya se realizaron “más de cinco denuncias” y explicó que en esa comuna también existe una ordenanza que prevé la posibilidad de aplicar multas.

En Florentino Ameghino, en tanto, se generó una intensa polémica luego de que concejales del Frente para la Victoria denunciaran al presidente del bloque de concejales del radicalismo, Sabino Lahitte, por la presunta construcción de un canal no autorizado en un campo de su propiedad, hecho que el edil negó rotundamente.

Por su parte, el intendente de Carlos Tejedor, Raúl Sala, señaló que en su distrito “aún es imposible realizar un relevamiento porque los canales todavía están tapados por el agua”. No obstante, dijo: “Sabemos que existen por el curso que toman las aguas, e incluso creemos que se trata de una red de canales interconectados entre sí. Es un panorama muy complejo”.

Si bien no existe un relevamiento actual, de acuerdo a estimaciones de la dirección de Hidráulica realizadas años anteriores los canales clandestinos en toda la provincia superaban los 1.500. El ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, se mostró preocupado por el tema días atrás y responsabilizó por las inundaciones a la existencia de canales ilegales y a las obras no hechas.

“A medida que uno recorre los lotes ve los canales clandestinos, es algo que nosotros culturalmente tenemos que cambiar. Cuando pasan estas cosas es producto de la ausencia del Estado”, subrayó el funcionario. En esa línea, explicó que “el productor piensa en su producción y cuando no tiene respuesta del Estado toma la iniciativa propia, que está mal”.

Crédito: Marien Chaluf, de la redacción de DIB