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sábado 24 de junio de 2017 - Edición Nº1855
Nota de opinión

9 de julio: Concejales del PJ criticaron a Macri por impulsar una "Ceocracia"

19 ene - "La estrategia de Macri es ilegal para acrecentar la riqueza de las minorías. No brinda mayor seguridad. Sirve para elevar la población carcelaria y agiganta la ancestral grieta, entre lo nacional y popular vs lo foráneo y elitista", consideraron los ediles.

Para imponer, sostener y naturalizar sus políticas de saqueo en contra del pueblo, la depredación de recursos naturales y de endeudamiento público, además de la colaboración de la prensa hegemónica para hacerlas invisible, el Presidente Macri debe recurrir al aparato represivo y a la poco independiente justicia, para disciplinar la creciente protesta social y para controlar a sectores que rechazan ser más empobrecidos, y que resisten perder el nivel de goce de sus derechos.

Macri busca incrementar la tasa de ganancia para su grupo económico y de las poderosas corporaciones que lo avalan, mediante acciones antidemocráticas como jamás ocurrió con otro gobierno legal, y que se caracterizan por un feroz revanchismo y persecución política en contra de los defensores del bienestar general, el desprecio y represión a trabajadores formales e informales, a organizaciones populares y a pueblos originarios, la flexibilización y precarización laboral, para bajar el costo laboral, una fuerte caída en la capacidad adquisitiva de salarios, jubilaciones y ayudas estatales, el sostenido aumento del desempleo y la pobreza, meter miedo con balas y con detenciones ilegales que vulneran el debido proceso, querer reducir la edad de imputabilidad penal de los menores.

Sin abordar las causas, Macri usufructúa el sentimiento de parte de la sociedad que estigmatiza sin argumentos válidos, que condena mediáticamente y que reivindica el linchamiento y la justicia por manos propia cuando los delitos son cometidos por miembros de los sectores pobres, de pueblos originarios, de inmigrantes de países del tercer mundo. Quienes así despotrican, jamás sugieren que haya tolerancia cero para la infinidad de delitos, más graves en cantidad y calidad, que protagonizan a diario miembros de las corporaciones económicas, políticas, mediáticas, y las del orden y la justicia. Esas minorías se alegran cuando una mujer, pobre y coya es acusada sin fundamentos de arrojar huevos en un evento político, y aplauden cuando Macri paga 16.000 millones de dólares sin chistar a los fondos buitres o cuando familiares y funcionarios de Macri ganan decena de millones con el dólar futuro o con la adjudicación por decreto de monumentales obras públicas.

La estrategia de Macri es ilegal para acrecentar la riqueza de las minorías. No brinda mayor seguridad. Sirve para elevar la población carcelaria y agiganta la ancestral grieta, entre lo nacional y popular vs lo foráneo y elitista.

Es la situación socioeconómica la que favorece o no el desarrollo del delito en general y, en ese sentido, la inequidad distributiva resulta la mayor promotora de conductas delictivas. Los estudios prueban que “a mayor distancia entre ricos y pobres y peor distribución del ingreso”, mayores tasas de delito. Pues bien: desde que asumió votado por el 51 % de los electores que concurrieron, no paran de crecer los niveles de inequidad, porque las políticas de Macri enriquecen al 10 % de sus adherentes, empobreciendo al pueblo. Con Macri los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, los policías cada vez más numerosos y más violenta la represión.

Está demostrado, de manera indubitable, que la problemática de la inseguridad, se torna insignificante si los sectores con derechos vulnerados y vulnerables reciben un trato adecuado y justo, toda vez que la inseguridad es fruto de una cadena de ausencias que un Estado protector debe analizar y resolver con una mirada integral, y no con la salida fácil de la criminalización y la represión.

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