En un año legislativo de baja intensidad, Cambiemos y el Frente Renovador volverán a enfrentarse por el tratamiento de proyectos clave, en un nuevo round que promete duros cruces verbales, entre los que ocupa un lugar central el demorado proyecto de nueva ley de Obra Pública, tal vez el articulado que más le interesa a la gobernadora María Eugenia Vidal de todos los que aguardan ser tratados este año.

La semana que pasó, el oficialismo expresó su voluntad de aprobar esa iniciativa, un proyecto que, en la apertura del período de sesiones ordinarias, propia Vidal consideró “clave” para su gestión.

No es una cuestión menor: semanas atrás, la gobernadora ordenó hacer uso de la prórroga contenida en la ley vigente y prolongó la vigencia de la Emergencia en materia de obras públicas que el massismo había ayudado a aprobar en el inicio de su mandato. El objetivo está relacionado con asegurar la velocidad de ejecución de los trabajos, una cuestión central para una estrategia electoral del oficialismo.

Pero mientras con esa movida Vidal intenta sostener el ritmo de ejecución de los trabajos, también quiere avanzar con el cambio de la legislación de fondo, una ley que data de 1955 y que impone plazos eternos, como mínimo de 11 meses, desde que se aprueba una licitación hasta que comienzan las obras.

En ese plano, el proyecto de nueva ley, una iniciativa presentada formalmente por el diputado César Torres (Cambiemos) se encuentra actualmente estancada en la comisión de Reforma Política, presidida por el massista Pablo Garate.

Desde Cambiemos comunicaron esta semana que aprobar el proyecto “es uno de los objetivos” para el 2017. Sin embargo, pese al “apuro” oficial, en el massismo piden cautela: “no nos van a llevar a los empujones”, advirtió un legislador del espacio.

El Frente Renovador quiere forzar un “intercambio” que le permita sacar adelante proyectos propios que “duermen” en los cajones de las comisiones. Su principal apuesta es la Ley de Ética Pública, que entre otras cosas prevé la creación de una Oficina Anticorrupción bonaerense, resistida por el Ejecutivo.

“Si quieren aprobar su proyecto que vengan a las reuniones de comisión y traten todos los proyectos pendientes”, advirtieron desde el Frente Renovador, que acusaron a sus pares del oficialismo de “vaciar” en más de una oportunidad Reforma Política.

Los hombres de Sergio Massa en la Legislatura quieren además entrar en un juego de “toma y daca”, que podría incluir además la discusión sobre la cobertura de espacios clave en organismos de control (concretamente el Tribunal de Cuentas) y la Corte Suprema, que el oficialismo demora estratégicamente desde el año pasado.

Desde Cambiemos apuntan contra Garate: sostienen que la demora tiene que ver con una intención de hacer avanzar un proyecto propio.

LEY CLAVE

Con el proyecto oficial, Cambiemos busca reemplazar la norma que rige en la provincia desde 1959. Desde el oficialismo coinciden que la legislación actual “es obsoleta e inadecuada para poner en marcha el plan maestro de infraestructura que se busca ejecutar a pleno en la Provincia”.

Un punto central del proyecto es el financiamiento: el proyecto prevé que las empresas aporten sus propios esquemas en ese plano, por lo que de hecho abre la puerta al financiamiento privado de la obra pública en la provincia.

También apunta a agilizar los trámites que van desde el llamado a licitación hasta la adjudicación de la obra a las empresas que hayan resultado ganadoras en la compulsa de ofertas.

En concreto, busca acortar a diez días el plazo que tendrán los organismos de control que intervienen en estos procesos, como la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Contaduría General.

Crédito: José Giménez, para Agencia DIB