Cada vez son más las quejas por las boletas que se acumulan en las Oficinas de Defensa del Consumidor (OMIC) locales, lo que motivó que comiencen a judicializarse los reclamos. De hecho, la semana pasada la Defensoría del Pueblo bonaerense anunció que patrocinará a quienes vayan a la Justicia por los fuertes incrementos en el gas, opción a la que desde entonces ya recurrieron unos 600 usuarios, según datos del organismo. Los principales focos de reclamos son Junín, Bahía Blanca, Olavarría y Tandil.

En algunos casos el objetivo de la emergencia local es que el Ejecutivo municipal garantice el acceso a los servicios a los más vulnerables, mientras que en otras comunas tiene como finalidad elevar una solicitud para que la declaración se extienda a nivel provincial y nacional.

Uno de los municipios en los que se avanzó en ese sentido es Carlos Casares, la primera comuna en organizarse para elevar un reclamo en conjunto luego de que a principios de este mes unos 200 vecinos recibieran facturas por arriba de los 4 mil pesos. En la última sesión del jueves pasado se aprobó un proyecto de comunicación para solicitar a los Gobiernos nacional y provincial que se suspendan los incrementos por un año.

Cabe señalar que tras la última suba de abril, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó que el próximo aumento –que se dará de forma semestral hasta 2019- será en octubre de este año.

Del mismo modo, el Concejo Deliberante de Ramallo también solicitó declarar la emergencia tarifaria para el municipio por el lapso de un año. La iniciativa fue propuesta por los ediles del Frente para la Victoria y aprobada por todo el cuerpo legislativo. “Se han visto importes imposibles de pagar y preocupación en la gente. Les pedimos a las autoridades provinciales y nacionales que revean esta situación, como así también invitamos a los Concejos Deliberantes de otros partidos que se sumen a este pedido”, dijo el presidente del bloque del FpV, Ricardo Gorostiza.

La resolución surge a partir del “exponencial aumento de las tarifas de los servicios públicos esenciales: luz, gas y otros, autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional para el año 2017”, señala el documento, al tiempo que remarca que los afectados “no son solamente los usuarios residenciales, sino también los clubes de barrio, centros culturales, comedores, sindicatos y pymes”.

En tanto, en Pilar, también se pretendía avanzar en ese sentido, pero la última sesión se levantó en medio de incidentes producidos entre funcionarios y miembros del cuerpo cuando se debatía por la entrega de viandas a alumnos de una escuela. El objetivo es que se garantice el acceso a los servicios públicos de todos los habitantes del distrito, y solicitar al Ejecutivo provincial y nacional suspender los aumentos vigentes, así como prohibir nuevos aumentos durante la vigencia de la emergencia.

En ese distrito, al igual que en Azul y en La Plata, donde también se presentaron esos proyectos, esas iniciativas van acompañadas, además, por el pedido de declarar la emergencia laboral y alimentaria.