El costo que tendrá para el campo y los productores bonaerenses el anuncio del revalúo inmobiliario para el año que viene, tendrá un valor de alrededor de $ 4000 millones. Así lo informó Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en base al cálculo del incremento de dicho impuesto que sería de entre un 40% a 75%, según el caso. El valor es en forma directa y sólo por este ítem, "sin tener en cuenta el efecto cascada que tendrá sobre el impuesto a los bienes personales", destacó.

Según consignó en un comunicado, el incremento duplica, en el mejor de los casos, a la tasa de inflación anual estimada por el Gobierno. Y además, aclara que "no es cierto, al menos en lo que se refiere al sector rural, que no se hayan actualizado este impuesto desde hace 12 años ya que en la zona núcleo, desde el 2008 a la fecha el valor por hectárea del impuesto se multiplicó por 20", destacó. Agregó que "si lo cruzamos por el precio de la soja para el mismo caso, el impuesto se incrementó un 433%".

Los productores de la provincia de Buenos Aires están en alerta desde que la gobernadora María Eugenia Vidal envío la suba del impuesto a la legislatura provincial para su tratamiento, en el marco de la Ley de Presupuesto, que contempla una profunda reforma impositiva.

Según se informó en su momento, se contempla un aumento de hasta 56% promedio en el impuesto inmobiliario urbano, y una suba del 50% promedio en el inmobiliario rural, además de reducciones en Ingresos Brutos y Sellos.

Desde las entidades agropecuarias se quejaron que el aumento se suma a un esquema tributaria ya de por sí "excesivo y distorsivo" para los productores. Desde CARBAP, por ejemplo, ya comunicaron que se están realizando intensas gestiones para evitar estos aumentos, y reuniones zonales para analizar la situación. "El año pasado hubo un aumento en el inmobiliario rural de 38%, y en el segundo semestre de este año desde ARBA se revaluaron 17.000 partidas con aumentos de hasta el 200%", explicaron.

Además, destacaron la "inequidad" que plantea el proyecto de presupuesto en lo referido a Ingresos Brutos, que exceptúa de tal tributo a sólo microempresas agropecuarias que facturan hasta $ 3 millones anuales, "dejando fuera a la gran mayoría de pequeñas empresas del agro en disparidad con otros sectores económicos de la provincia". También, recuerda que todavía existen declaraciones de emergencias sin ser homologadas por decreto de la gobernadora. CRA, por su parte, calificó la suba con "matices confiscatorio": "si sumamos sus resultados incrementales sobre la tributación total llega a comprometer un 30% del beneficio de la producción", agregó.

Fuente: Cronista