Las campañas electorales en nuestro país y en varios otros siempre fueron centro de sopechas sobre el origen de los fondos, es decir, se usan para lavar dinero de orígen ilícito. Es así que luego de que estallara el escándalo de los aportantes a la campaña de Cambiemos tanto en 2017 como en 2015, el gobierno envió un proyecto de ley para regular el financiamiento de los partidos más allá del frente judicial que se avecina.

El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, ratificó que el proyecto propone habilitar a las empresas a que aporten para las campañas electorales, algo que actualmente está prohibido "pero se hace en negro".

"En 2009 se prohibieron los aportes a las campañas por parte de personas jurídicas y lo que continuó ocurriendo es que las empresas siguieron aportando pero en negro", sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones a Radio Continental, el integrante del Ministerio del Interior señaló que a pesar de que la ley actual lo prohíbe "las empresas siguieron aportando, pero eso no estaba declarado en ningún lugar". "Nos parece un mal resultado visto diez años después. Queremos que haya habilitación de personas físicas y jurídicas, todo bancarizado y controlado por la Justicia", remarcó.

Asimismo, Pérez precisó que en el proyecto de ley enviado al Congreso se fijan "límites" para esos aportes de empresas ya que “nadie puede aportar más del 2 por ciento del límite total que tiene una campaña".

El funcionario ratificó que se busca la "bancarización absoluta" de los aportes de campaña, "impidiendo aportes en efectivo" a fin de lograr mayor transparencia, tras la denuncia por irregularidades en el financiamiento de la última campaña de Cambiemos en Buenos Aires.