La rebelión de intendentes de todo el país en contra de la eliminación del Fondo Sojero podría complicar el acuerdo que Mauricio Macri intenta cerrar con un grupo de gobernadores de cara a aprobar el Presupuesto 2019.

La Rosada busca una salida política con los gobernadores frente al descontento por el decreto con el que eliminaron el fondo -que establece que el 30% de lo que recaude el Estado en concepto de retenciones a la soja y sus derivados será coparticipado-, pero la negociación se podría complicar porque no esperaban la dimensión que tomó el conflicto con la rebelión de los intendentes.

Es que los municipios son los principales perjudicados por la eliminación del fondo, ya que las provincias les giraban los recursos a los intendentes para que hiciera obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial. Según los intendentes, con la eliminación de este fondo el Gobierno realiza un ajuste de 35.000 millones de pesos a nivel nacional -unos 8.500 millones en lo que resta de 2018 y 26.500 millones para 2019-, que impacta muy fuerte en la Provincia porque representa una pérdida acumulada por encima de los 7.700 millones de pesos.

Por eso, un grupo de intendentes del PJ armó -esta semana-  una reunión en La Plata con el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, en la que definieron presentar un amparo contra la decisión del Gobierno.

En tanto, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, encabezó este miércoles en su rol de presidenta de la FAM (Federación Argentina de Municipios) una cumbre de intendentes de todo el país para presionar a Macri para que dé marcha atrás con el decreto. Antes de ese encuentro, cerró una reunión plenaria con más de sus pares en el Congreso por el mismo tema y también pidió al Presidente que les conceda una audiencia.

De acuerdo a lo que expuso el portal político LPO, en todas las cumbres se repitió la idea de avanzar con amparos y planear estrategias conjuntas para presionar a la Rosada para que anule la decisión. 

En la reunión a puertas abiertas en la FAM, a la que se acercaron unos 100 dirigentes entre los que había intendentes de todo el país, se buscó debatir la estrategia para forzar al Gobierno a que anule el decreto. "El Fondo Sojero se creó como DNU pero después se incorporó en la Ley de Responsabilidad Fiscal y tiene que extenderse hasta 2020. Hasta tanto exista el tributo, se debe coparticipar de esa manera", analizó uno de los presentes.