Mucho se habló sobre el accionar judicial y las dudas que dejó en el causa que investiga el abuso sexual de una menor de 16 años en Junín, ocurrido el último 4 de noviembre en horas de la madrugada. Manifestaciones populares, sentadas frente al municipio y la demanda social por justicia, por determinar quién o quienes fueron él o los responsables. 

Por el hecho, en una primera instancia se detuvo al relacionista público Nicolás Tallone, quien pasó más de 10 días en esa condición hasta que el resultado de las pericias (Cámaras de seguridad y rastreo del teléfono celular) y la evaluación que hizo de las mismas la fiscal Fernanda Sánchez, pero por sobre todo el juez de garantías, José Lucchini, lo liberaron.

En ese proceso, se detuvo al taxista Cristian Emiliano Petricio, de 35 años, que se encuentra investigado como partícipe en el hecho y se negó a declarar.

En este marco, y ante las dudas que persisten sobre el buen desarrollo de la investigación, el concejal de “Compromiso por Junín”, Andrés Rosa, presentó un proyecto en el Concejo Deliberante dirigida al Sr. Procurador Gral. Julio Conte Grand para que intervenga y audite los pasos procesales dados por el Área de Tecnología y Gestión para la investigación (TGI) creada por Resolución N° 59/15.

Es decir, que Rosa quiere saber cómo fue el desempeño de esa oficina que depende directamente del Fiscal General del Departamento Judicial de Junín, Juan Manuel Mastrorilli. Se trata de una acción legislativa que golpea de lleno y que promete llegar hasta las últimas consecuencias.