El Senado bonaerense aprobó con modificaciones el proyecto de "Ley de Góndolas", que busca evitar la cartelización de productos en grandes supermercados y cadenas de distribución, e impone sanciones de clausura y multas de hasta $ 50 millones para quienes no cumplan.

La iniciativa, girada hace un mes por el Gobierno, establece que las cadenas de supermercados deberán acordar un "código de buenas prácticas" con sus proveedores, a fin de garantizar la oferta de al menos cuatro marcas de un mismo producto, dispuestas de forma tal que ninguna de ellas tenga una ventaja competitiva sobre las otras. También incluye productos Pymes y, a partir de cambios, a cooperativas.

El proyecto forma parte del paquete de medidas de alivio económico anunciadas por la gobernadora María Eugenia Vidal, en consonancia con lo dispuesto por el Gobierno nacional en abril, tras el récord de inflación de marzo anunciado ese mes.

En lo concreto, la iniciativa obliga a los comercios alcanzados a disponer que en sus góndolas "el espacio ocupado por productos de una misma marca, proveedor o grupo económico de empresas no supere el 30% del espacio, dentro de la misma categoría de producto". De este modo, se busca garantizar que haya al menos cuatro marcas diferentes para cada producto, ampliando la oferta de precios y calidad.

Por otro lado, la iniciativa dispone que la ubicación de la mercadería "deberá ser rotada periódicamente, de manera tal que toda la mercadería independientemente de su proveedor esté a una altura de visión horizontal, durante el mismo tiempo".

El cumplimiento de estas medidas será controlado por el ministerio de Producción bonaerense, que tendrá la obligación de denunciar cualquier incumplimiento a la autoridad nacional de defensa de la competencia y tendrá la potestad de aplicar fuertes sanciones, que van desde multas de $ 10 mil a $ 50 millones hasta la clausura por 30 días y la suspensión de hasta 5 años de los registros de proveedores del Estado. También podrá disponer el decomiso de las mercaderías y aplicar la quita de "concesiones, permiso, habilitación, licencia, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare".

Durante el debate, el senador Juan Pablo Allan (Cambiemos), indicó que el proyecto "apunta a proteger a los consumidores, ofreciendo una mayor variedad de productos en las góndolas, favoreciendo la competencia y la inclusión de las pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo, busca equilibrar la relación de los proveedores con los hipermercados bonaerenses".

El senador oficialista indicó que el proyecto surgió del análisis comparado de legislaciones de Chile y Colombia y experiencias de España, Australia y Reino Unido. Además, contempla las disposiciones de la ley 27.442 (Ley de Defensa de la Competencia) y de la Ley 13.133 (Código de implementación de los derechos de los usuarios y consumidores).

Desde la oposición, el senador kirchnerista Gustavo Traverso justificó el rechazo de su bancada al indicar que el proyecto "es absolutamente vago ya que no prioriza el accionar del Estado además con su actual redacción la autoridad de aplicación queda diluida y tampoco establece cuáles serían las sanciones ante el incumplimiento, ni cuáles debieran ser los plazos de financiamiento para que las PyMES tengan herramientas para poder entrar a las góndolas de las grandes cadenas".

"Todo nos indica que no hay una intención real del Gobierno provincial para intervenir ni regular nada y en estas condiciones la letra aprobada va a ser de imposible aplicación", agregó el legislador.