El diputado Pablo Garate presentó un proyecto que busca cambiar la Ley Provincial de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados, en el cual plantea la modificación de la forma de selección de los conjueces, como así también se propone sumar y garantizar la paridad de género a la hora de la selección final.

Dicho proyecto se funda en la necesidad de brindar una mayor amplitud democrática y representativa al proceso mediante el cual se confecciona la lista de abogados y abogadas para integrar los jurados de enjuiciamiento.

"La trascendencia de las decisiones que se adoptan en el marco de este tipo de procesos amerita que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la imparcialidad de los conjueces que tengan a cargo el juzgamiento del accionar del magistrado, eliminando posibles sesgos de género, ideológicos, políticos o personales", explicó el legislador Pablo Garate.

Hay que destacar, que de la propia Constitución provincial se desprende que la lista confeccionada por la Suprema Corte de Justicia, debe contener a todos los abogados y abogadas de la matrícula que reúnan las condiciones para ser conjueces, de manera tal que no existe fundamento para que la selección no se realice de esa manera, y se haga mediante listas cerradas confeccionadas exclusivamente por los colegios de abogados distritales.

"El sistema judicial no puede seguir ajeno a la equidad de género, por eso también el proyecto busca garantizar la representación femenina a la hora de la selección de los conjueces que integrarán el jurado de enjuiciamiento de magistrados, garantizando de este modo una representación equitativa del cincuenta por ciento (50%) del sexo femenino y otro cincuenta por ciento (50%) del sexo masculino", argumentó el diputado Pablo Garate.

Para continuar expresó, “en los últimos tiempos hemos visto como el gobierno de Vidal ha utilizado al proceso de enjuiciamiento de magistrados como una herramienta para disciplinar a los jueces que no fallaban en consonancia con sus pretensiones. Me ha tocado ser parte en diversos procesos, y más allá de las conductas analizadas, en todos ellos el denominador común era el enfrentamiento del magistrado con el gobierno o con el Procurador Conte Grand".

Esto último que el legislador señaló ha sido posible porque los abogados y abogadas de la matricula se seleccionan mediante listados confeccionados por los Colegios de Abogados distritales, y la conformación de esos listados respondería generalmente a criterios políticos determinados.