Alrededor de 800 presos bonaerenses que se encuentran en los grupos de riesgo frente a la pandemia del coronavirus fueron beneficiados con la excarcelación o el arresto domiciliario desde que fue decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, según los pedidos que realizaron los defensores oficiales ante la justicia penal de la Provincia.

El procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, confirmó  que "se estimó oportuno adoptar medidas tendientes a colaborar en el objetivo primordial de reducción del riesgo de propagación del coronavirus en la población privada de la libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario".

Precisamente, el actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, sostuvo hoy que en medio de la pandemia "urge el despoblamiento de las cárceles", pero aclaró que eso "no significa vaciarlas, sino dejarlas con un 70 por ciento u 80 por ciento de su capacidad locativa normal", para que no haya una "amenaza a la vida" de sus ocupantes.

En lo que va de la cuarentena que fue decretada el 20 de marzo pasado, se realizaron casi 2.000 pedidos de prisiones domiciliarias y excarcelaciones, de los cuales el 40 por ciento fue otorgado y el resto se encuentra aún en análisis en los 19 departamentos judiciales que tiene la provincia de Buenos Aires.

Del total de presos que fueron beneficiados con la prisión domiciliaria, más de 500 corresponden personas que se hallaban alojadas en las superpobladas cárceles de la provincia y el resto detenidos en comisarías de la policía provincial.

De acuerdo con los datos que aportaron las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a la justicia, en las cárceles de la provincia hay 644 presos con más de 65 años y casi 2.500 con patologías de alto riesgo, algunos de ellos con tuberculosis, SIDA o diabetes, aunque también hay con enfermedades respiratorias, algún tipo de tumor o afecciones que requieren diálisis.

Respecto de los presos que fueron beneficiados con los arrestos domiciliarios, en el 85 por ciento de los casos las solicitudes fueron presentadas por defensores oficiales que representan a los detenidos, tanto en primera instancia como ante las cámaras de apelaciones y el Tribunal de Casación.

Las fuentes consultadas detallaron que cada pedido realizado por los defensores oficiales es recibido por el juzgado natural del caso que, a su vez, le conceden al fiscal el espacio para que opine y finalmente el juez resuelve si concede o no los beneficios.

El 16 de marzo pasado, el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires instruyó a los defensores oficiales a evaluar inmediatamente la posibilidad de requerir la prisión domiciliaria u otras formas alternativas al encierro respecto de sus defendidos privados de la libertad que conformen grupos de riesgo frente ante el coronavirus.