Aprobada y postergada por la exgobernadora María Eugenia Vidal. Aplazada también -antes y después de la pandemia- por el gobernador Axel Kicillof, la aplicación del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre los usuarios de populares servicios digitales como Netflix y Spotify se encamina nuevamente al archivo. Y allí permanecería, al menos, durante todo 2020.

Así se desprende del proyecto de ley “ómnibus” que días atrás envió el Ejecutivo bonaerense a la Legislatura y que, en el marco de la crisis por el COVID-19, contempla una serie de medidas económicas y sanitarias. Desde las solicitudes de endeudamiento por 500 millones dólares y 20.000 millones de pesos hasta la suspensión, “por el ejercicio fiscal 2020, de la aplicación de los artículos 184 bis a 184 quinquies del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires”.

Es decir, aquellos que prevén un gravamen sobre los servicios que, aunque prestados por sujetos no residentes en el país, cuentan con una presencia digital significativa y están alcanzados por Ingresos Brutos, ya que registran transacciones y contratos con miles de usuarios domiciliados en territorio provincial.

La intención de Kicillof es no cobrarlo, al menos, por este año. Como así tampoco las deudas que pudieran haber surgido del tributo que la administración anterior aprobó en noviembre del año pasado. Pues, aunque nunca llegó a reglamentarse, la Provincia entiende que, producto impuesto incluido en la Ley Impositiva 2019, los contribuyentes continuaron acumulando mora. La nueva medida -que ya cuenta con media sanción en Diputados- establece “la extinción de pleno derecho de las deudas correspondientes” al gravamen, “así como la de los intereses, accesorios y sanciones que puedan derivar” de él y que hayan sido generadas “desde el 1º de enero de 2019 hasta la entrada en vigencia de la presente Ley”.

INAPLICABILIDAD

Desde su génesis, la carga tributaria en cuestión caminó por la cornisa de la inaplicabilidad. La Agencia de Recaudación provincial -ARBA- la había fijado para el 1º de diciembre de 2019, cuando las tarjetas de crédito debían comenzar a retener la alícuota -cuyo monto nunca trascendió.

Pero la administración saliente se fue sin poder implementarla, entre otras cuestiones, por las dificultades técnicas del sistema financiero para identificar cuántos de los usuarios de estas plataformas son bonaerenses.

Entonces, se resolvió postergar su vigencia hasta el 1º de enero de 2020, hasta que asumió Kicillof y, a requerimiento de la Cámara que agrupa a los operadores de tarjetas de crédito, se decidió extender la prórroga al 1° de abril de este año. Cumplido el plazo, el gravamen siguió naufragando.

Y, todo indica, dormirá un tiempo más. Pues, como fundamenta el proyecto elaborado por el Ejecutivo provincial, al comenzar a regir el tributo en 2019 “no se encontraban desarrollados por la administración de ese momento los sistemas y herramientas necesarios que la gestión de tales obligaciones y el contralor demandaban”, mientras advierte que “la imprevisión manifiesta sobre la complejidad inherente a la materia fueron posponiendo la entrada en vigencia de la norma indicada”.

Lo dicho. Nunca se logró determinar cuántos usuarios domiciliados en la Provincia pagan por servicios digitales. Por ejemplo, la popular plataforma de películas y series por streaming, Netflix, contaba en febrero pasado con 4.5 millones de abonados argentinos. Y se estima que esa cifra creció desde la irrupción del coronavirus, cuando la obligación de quedarse en casa disparó la contratación de contenidos “on demand”.

Pero la cantidad de suscriptores bonaerenses siguió siendo una incógnita. Al “impuesto Netflix” le costaba salir a la caza de sus contribuyentes. Tampoco se llegó a establecer el monto del tributo ni a completar la lista de plataformas gravadas que, además de a Spotify y Netflix, incluiría a aplicaciones pagas de la tienda de iOS y Google Play, servicios de streaming de videojuegos, suscripciones como Xbox Live o PlayStation Network, o de almacenamiento como Dropbox, Drive de Google, OneDrive de Microsoft o iCloud de Apple. También a compañías de comercio electrónico como Amazon. Y a otras del sector hotelero como Booking y Airbnb.