jueves 28 de marzo de 2024 - Edición Nº4323
Infonoroeste » Regionales » 11 jun 2020

Política

Piden informes sobre la deuda contraída por el Grupo Vicentín con el Banco Provincia

La iniciativa fue presentada por el diputado del Frente de Todos, Alexis Guerrera. Para el legislador resulta “fundamental” conocer los detalles que atraviesa la Banca provincial en el contexto del concurso preventivo al que accedió la empresa, como así también visualizar que acciones judiciales se iniciaron con el objeto de garantizar el cobro de los créditos otorgados.


La estatización de Vicentín desembarca en la legislatura bonaerense de la mano del diputado del Frente de Todos, Alexis Guerrera (General Pinto). El legislador oriundo de General Pinto, elevó un pedido de informes con el objetivo de que tomen conocimiento público los detalles que atraviesa el Banco Provincia en el concurso preventivo que afronta la empresa cerealera.  

La iniciativa busca conocer certezas acerca de diversas cuestiones, entre las que se destacan el monto total de los créditos otorgados a Vicentín, individualizando cada uno de los empréstitos, el tipo de financiamiento, las fechas de su otorgamiento más su respectiva documentación respaldatoria.

Además, el diputado quiere saber cuál es la situación actual de dicha deuda, individualizando los pagos realizados en caso de existir y las cuotas pendientes de cancelación.

En otro orden de cosas, el proyecto pretende que se indique cuáles fueron las garantías que el Banco de la Provincia de Buenos Aires requirió a la empresa a los efectos de otorgar el/los financiamientos crediticios e informe qué acciones legales lleva adelante en el Concurso Preventivo presentado por Vicentín.

“Mediante este pedido de informes procuramos esclarecer una situación que a la luz de los hechos resulta de dudosa transparencia, y que conlleva la necesidad de averiguar y conocer fehacientemente si los aportes crediticios concedidos al Grupo Vicentin por el Banco de la Provincia de Buenos Aires efectivamente fueron otorgados para su buen uso y con miras al desarrollo económico de la empresa y sus trabajadores, o simplemente se trató de una devolución de favores entre amigos del poder de turno”, apuntó Vicepresidente del bloque oficialista.

En ese sentido, la iniciativa destaca que la deuda contraída por el Grupo Vicentin con la Banca Pública Provincial se originó mediante créditos que fueran otorgados durante el Gobierno de María Eugenia Vidal y que se encuentran en etapa de investigación en cuanto a si cumplieron o no los debidos requisitos legales.

“A partir de la información obrante en la Cámara Nacional Electoral (CNE), se puede constatar que VICENTIN S.A.I.C aportó a través de sus empresas Algodonera Avellaneda, FRIAR S.A y Oleaginosa San Lorenzo, la millonaria suma de trece millones y medio de pesos ($13.500.000) para financiar la campaña de Juntos por el Cambio, partido al cual pertenece la exgobernadora”, argumenta el pedido de informes presentado por el diputado massista.

Por ello, sostiene el proyecto, “resulta necesario conocer en forma directa y precisa el monto total de los créditos otorgados a la empresa, sus condiciones y tipo de financiamiento, las fechas de otorgamiento y la situación actual de la deuda”.

Por último, Guerrera consideró que “con la misma finalidad, es preciso determinar qué tipo de garantías solicitó el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la empresa para otorgar el financiamiento crediticio”.

RESPALDO A LA DECISIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL

En otro orden de cosas, Guerrera junto al legislador Juan Miguel Gómez Parodi acompañaron la firma de un proyecto de Declaración de la diputada Susana González que respalda la decisión del presidente Alberto Fernández de disponer la intervención, en forma transitoria y por un plazo de sesenta (60) días, de la empresa VICENTIN S.A.I.C.

Asimismo, los legisladores apoyaron el envío al Congreso de la Nación del proyecto de ley de expropiación “con el fin de asegurar la continuidad de sus actividades, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio, en una clara acción de gobierno tendiente a asegurar la soberanía alimentaria y la paz social”.

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