El gobierno bonaerense presentó un proyecto de modificación del régimen de ejecución penal que atenúa y restringe las posibilidades de los jueces para otorgar salidas laborales, transitorias y otros beneficios para los condenados.

La iniciativa prevé que “no podrán otorgarse salidas transitorias” a condenados por homicidio, lesiones gravísimas, aborto, abandono de personas seguido de muerte y delitos contra la integridad sexual.

Tampoco podrán acceder a ese beneficio los condenados por privación ilegal de la libertad, tortura seguida de muerte, homicidio o lesiones en ocasión de robo, secuestro extorsivo seguido de muerte, trata de personas, portación ilegal de armas, creación de peligro para transportes y descarrilamiento de trenes.

“Los beneficios comprendidos en el período de prueba tampoco se concederán cuando el delito de los enumerados en los incisos anteriores haya quedado en grado de tentativa, o a quien registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas”, establece el proyecto de ley.

La iniciativa fue presentada por el senador provincial e integrante del Consejo de la Magistratura bonaerense Juan Pablo Allan, pero fue elaborado por el Ministerio de Seguridad provincial y aprobado por la gobernadora, María Eugenia Vidal.

El proyecto establece que “los condenados por alguno de los delitos reseñados precedentemente, no podrán obtener los beneficios de la libertad asistida, prisión discontinua o semidetención, trabajos para la comunidad, semilibertad y salidas a prueba”.