El gobierno de María Eugenia Vidal abrió un plan de retiros voluntarios en busca de reducir la planta de empleados estatales que comprenderá a la totalidad de los agentes del Estado provincial a los que les faltan 5 años o más para jubilarse, a excepción de los policías  y los agentes del servicio penitenciario.    

La medida quedará establecida en el decreto 465, que ya está firmado por Vidal y será publicado la semana entrante en el Boletín Oficial, que se suma a otras dos grandes iniciativas que puso en marcha el gobierno en busca de achicar la planta de empleados: el congelamiento de vacantes y las jubilaciones masivas.

A los retiros, que como su nombre lo indican son voluntarios, podrán adherirse los empleados de planta permanente con estabilidad que tengan más de dos años de servicio y menos de 25 y a los que, a su vez, les falten más de cinco años de aportes para acceder a una jubilación ordinaria.

Los que acepten accederán a una indemnización que se pagarán en cuotas mensuales y consecutivas que se pagarán de acuerdo a una escalada atada a los años de antigüedad: serán 10 para los que acrediten entre 2 y 5 años como agentes del Estado y 30 para los que computen más de 12 años en sus cargos.

El mecanismo implica un pago inicial que se realizará a los 30 días de la emisión de un decreto que en cada caso deberá aceptar el pedido del agente público en cuestión para retirarse. El pago será equivalente a 4 sueldos brutos mientras que para las cuotas siguientes  se tomarán en cuenta los sueldos netos.

En tanto, el decreto establece que para el cálculo de la indemnización "se deberá tomar la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida por el agente en los seis meses anteriores al acto administrativo que dispone la aceptación del retiro". Se incluyen los adicionales pero, al mismo tiempo, se excluyen los aguinaldos. 

El nuevo régimen –similar a otro que se puso en marcha a nivel del Estado nacional- incluye la realización de programa de capacitación para favorecer la reinserción  en el sector privado de los agentes que acepten retirarse, ya que para acceder a una jubilación deberán completar los años de aportes correspondientes en cada caso.

Los empleados, que tendrán prohibido reincorporarse a cualquier régimen de empleo provincial por un plazo de 5 años, estará en principio vigente por un plazo de seis meses, aunque la norma establece que podrá prorrogarse por igual plazo, una medida que se presume que se tomará en diciembre.

Altas fuentes del gobierno enfatizaron a DIB que el régimen es voluntario. "Si nadie quiere acceder, entonces nadie se va", resumieron ante la consulta de esta agencia.

Esta es la tercera medida que toma Vidal con el objetivo de reducir la planta de empleados públicos de la provincia, que alcanza a unos 500 mil agentes excluyendo a policías y penitenciarios. La primera, como se dijo fue el congelamiento de las vacantes decretado en 2016 y la segunda, las jubilaciones masivas: solo en  el último año, unos 30 mil agentes quedaron comprendidos en el retiro.

Ahora, Vidal avanza en medio de un panorama de restricciones fiscales que se agudizaron luego de la crisis cambiaria, tras lo cual los déficits de las provincias quedaron en el foco de la discusión