Luego de que se aprobara la ley que establece una morigeración en los aumentos de las tarifas, de luz y agua, al quitar de los conceptos que son percibidos por los municipios, llegó la resolución 167 del OCEBA (organismo que regula el servicio de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires) que se publicó en el boletín oficial a mediados del mes pasado y se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los municipios.

Es que la medida impulsada desde la misma gobernación bonaerense establece que los distribuidores no podrán incluir en sus facturas “conceptos adicionales vinculados al servicio público de distribución de energía eléctrica”, como tampoco “conceptos ajenos a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica”, a excepción del alumbrado público.

La quita de las tasas fue muy resistida por los Intendentes bonaerenses quienes pusieron una queja muy fuerte durante el tratamiento de paquete que envió la gobernadora a la Legislatura porque les cambia las reglas de juego en cuanto a la recaudación a mitad de año y sus presupuestos estaban diagramados teniendo en cuenta esos conceptos que ahora, de aprobarse esta semana en Diputados dejarán de percibir. “Nos dejan sin recursos ante la gente”, había dicho el intendente de General Pinto, Alexis Guerrera, del massismo.

Desde esa fuerza política impulsan un pedido de informes en el Concejo Deliberante de Junín para saber “qué postura adoptará el responsable del Ejecutivo”, es decir qué hará Pablo Petrecca, quien deberá “readecuar partidas” para cumplir con la orden de María Eugenia Vidal para propios y extraños.

Víctor Aiola el Intendente de Chacabuco, sostuvo que “es una medida que si se hubiese tomado antes de que nosotros planificáramos y armáramos el presupuesto y cerráramos paritarias, nos hubiese afectado menos, pero luego de haber cerrado paritarias y haber presentado el presupuesto y que ya esté aprobado, nos va a afectar muy fuerte”.

Con la resolución de OCEBA la provincia sigue avanzando sobre los municipios que deberán recaudar por fuera de las facturas de luz. En el caso de Junín, fuentes consultadas por INFONOROESTE  admitieron que lo que no se recaude por esa vía deberá hacerse por otra, es decir que se piensa incluir, por ejemplo, dentro de la tasa del CVP (Conservación de la Vía Pública) la tasa de seguridad que aporta alrededor de 20 millones de pesos por año y es central para el sostenimiento del servicio que presta la policía bonaerense.