Los concejales de Unidad Ciudadana de Lincoln recordaron que "en la última sesión quisimos solicitarle al Ejecutivo Nacional que informe cómo compensará a Lincoln los casi 10 millones de pesos que le quitará por la eliminación del fondo sojero", aunque esa iniciativa quedó sin efecto por el bloqueo del oficialismo.

"Nuestra solicitud fue desaprobada por los concejales Diego Ramos (UCR) y Ricardo Santimaria (Pro), quienes junto al intendente Serenal (Cambiemos) siguen siendo cómplices del brutal ajuste", remarcaron desde la oposición.

La eliminación del denominado "fondo sojero" impactará con dureza en las arcas comunales, vía coparticipación, que dejarán de recibir unos $ 3200 millones en lo que queda de la gestión de Mauricio Macri: $ 700 millones de aquí a fin de año y $ 2500 millones en 2019. Por ejemplo, este año el municipio de Necochea tenía estipulado recibir $ 13,5 millones; Azul y Chivilcoy $12 millones; Mar del Plata $ 37 millones; La Matanza $ 130 millones, San Nicolás unos $ 9 millones y el caso de Lincoln, son 10 millones de pesos.

En julio, la administración de María Eugenia Vidal recibió $690 millones del fondo sojero, un 22% del total que se repartió entre las provincias. Las únicas que no sentirán el impacto son La Pampa y San Luis, quienes no recibían fondos por no haber adherido al Pacto Fiscal.

El FFS fue creado en el año 2009, cuando las provincias solo recibían la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales, explicaron desde Hacienda. "Gracias a decisiones adoptadas por el Gobierno nacional, las provincias han pasado a recibir en la actualidad un tercio de los recursos nacionales y continuarán aumentando su participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación", justificaron hoy desde el Gobierno al eliminar este impuesto coparticipable, creado por Cristina Fernández en medio del conflicto con el campo por la Resolución 125. 

La expresidenta estableció en 2009 un mecanismo de compensación a las provincias para lograr el apoyo de los gobernadores a la aplicación de retenciones graduales a la soja. Con esa intención, creó el Fondo a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación al poroto, aceite y harinas de soja, que solo la Nación podía realizar.

En la práctica, el Poder Ejecutivo venía dilatando el pago diario del FFS a las provincias. Para concretar los desembolsos, la Nación exigía como contrapartida adherir al Pacto Fiscal.