El fiscal platense Álvaro Garganta pidió que el ex gobernador Daniel Scioli y varios ex integrantes de su gobierno vayan a juicio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la causa por contrataciones irregulares en las Unidades de Pronta Atención (UPA).

Además de Scioli, el pedido de elevación a juicio incluye a otros 38 imputados, entre ellos el ex jefe de Gabinete Alberto Pérez; el ex director de Aguas Bonaerense Gullermo Scarcella; el ex ministro de Salud Alejandro Collia; el director administrativo de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone (conocido como el hombre del dragón por la caja fuerte que le encontraron en una escultura); y el empresario Ricardo Estanislao Miller, amigo de Scioli.

La causa por las irregularidades en la construcción de las UPA se inició por una denuncia de la diputada Elisa Carrió por lavado de dinero y desvío de fondos, y por la existencia de presuntas "cajas negras" durante la gestión sciolista. Garganta investigó esos delitos pero decidió acusarlo por los delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles. La causa tiene desdoblamientos y el fiscal seguirá investigando.

Garganta sospecha que Scioli adjudicó de manera irregular nueve obras públicas para construir Unidades de Pronta Atención a la empresa de su amigo Miller, que luego le compró un terreno. El fiscal cree que Miller entregaba dádivas al ex gobernador.

En su indagatoria, Scioli declaró no haber recibido "nunca dádivas de ninguna persona" y sostuvo que "todas las contrataciones" durante su gestión fueron realizadas "en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución". Además, negó que se haya "alterado" el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPA en procura de "beneficiar a un proveedor determinado" y planteó que "es totalmente falsa" su supuesta relación con Miller.