Ex funcionarios de Grupo Junín en tiempos de la adminsitración municipal de Mario Meoni acordaron un juicio abreviado y evitaron de esa manera atravesar debate oral y público. Se trata de Javier Gabrielli, Vicente Griselli, Damián Itoiz y Carlos Albaqui a los que se los imputó por delitos de malversación de caudales públicos y peculado, una investigación que comenzó con la denuncia penal realizada por el actual titular de la empresa estatal, Pablo Torres, por el mes de marzo de 2016.

De este modo, pactaron por la inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa y prisión en suspenso acorde a cada uno de los delitos por los cuales fueron encontrados culpables. "Cuando uno acepta un juicio abreviado, está aceptando una condena, se reconoce que se hicieron mal las cosas", explicó Torres sobre la confirmación del juicio abreviado.

Además, analizó que "esto nos deja tranquilos de cara a la sociedad, no se trató de una caza de brujas, era ver que se hicieron cosas muy mal, que dañaron a la empresa, que eran ilegales. Queríamos que quedara en claro que muchas de las cosas que hoy la empresa está tratando de solucionar venían desde ahí, cosas que hasta el día de hoy siguen haciendo mella".

En diálogo con Radio Junín, Torres apuntó que la justicia actuó de una manera muy efectiva: "se resolvió muy rápido, la denuncia la hicimos en marzo de 2016 y hoy a casi dos años estamos cerrando cuatro condenas y cerrando una etapa importante que si se dilataba en el tiempo iba a quedar diluído".

Finalmente, expresó que "para nosotros esto es un punto final que nos permite seguir mirando hacia adelante". Y cerró: "estamos proyectando un buen cierre de año, equilibrados, tratando de cerrar una deuda histórica con Camuzzi que data de 2014 y 2015. En lo económico quedaríamos algo desfasados pero de gestión sería algo fantástico".