La ley de financiamiento político aprobada en el Senado que sería sancionada en las próximas semanas incorporó rígidos controles al uso de las redes sociales en la campaña electoral, para supervisar la inversión de los candidatos y combatir la propagación de noticias falsas mediante los afamados trolls.

No todos los gigantes de internet reaccionaron igual: mientras que los emisarios de Facebook y Google se mostraron dispuestos a colaborar, los de Twitter fueron más cautelosos y en Whatsapp resistieron cualquier auditoría.

Según supo el portal político LPO, en diálogos informales con jueces electorales emisarios de la empresa de chat alegaron no poder leer los mensajes porque están encriptados y sólo están dispuestos a controlar los flujos. Sin embargo, admitieron vender un servicio de mensajería empresarial que permite envíos masivos, aunque "muy restringido" a empresas y, aseguraron, sin chances de ser ofrecido en campañas políticas.

Whatsapp fue la herramienta estrella utilizada por Jair Bolsonaro para ser presidente de Brasil cuando estaba muy por debajo en todas las encuestas. Tanto fue así, que tras su consagración voceros de la compañía reconocen haber tomado medidas contra las noticias falsas, como restringir los grupos a 2000 personas y limitar la cantidad de reenvíos posibles.

En Argentina podía repetirse la misma historia: Marcos Peña instruye a los candidatos de Cambiemos a hacer campaña por Whatsapp, con reenviados masivos a los grupos de madres.

La autonomía que exhibe la compañía en el mundo es cuanto menos curiosa: en 2014 Marck Zuckerberg anunció que la compró por 14 mil millones de euros pero sus emisarios sólo responden por Facebook y la ascendente Instagram. Las consultas sobre el servicio de mensajería las derivan a un directivo que atiende por Skipe desde un lugar desconocido del planeta y se desentiende por los contenidos que circulan en la red.