Es curioso, pero ciertas escuelas económicas, debaten, frente a la crisis económica mundial, un derecho que no merecería ningún punto de aclaración. El derecho a la vida, a la existencia.

La guerra comercial de potencias industriales,  la burbuja inmobiliaria, el crecimiento de la robótica, los acuerdos entre países centrales, los negocios financieros y la corrupción, han generado una crisis global que no sólo afecta a economías emergentes o países pobres. También azota a los principales vigorosos de Europa. El golpe ha impactado sobre los derechos laborales y  sociales de una forma bestial. El incremento del empleo precario, la pobreza, el desempleo y la caída en las políticas de seguridad social, son apenas la punta de un iceberg que se mueve con vertiginosidad hacia el futuro.

En América Latina, en particular donde la pobreza es estructural, esta realidad ha hecho estragos de la mano de gobiernos neoliberales en los últimos años. El hacinamiento, la involución a enfermedades de principios de siglo, la precariedad en las condiciones básicas, el avance del narcotráfico y la creciente violencia social, son una topadora que embiste de forma voraz contra quienes ya tienen derechos vulnerados desde hace muchos años, y si bien queda claro que vivir es un derecho, la sola existencia se convirtió en un pesado riesgo cotidiano, que millones de pobres deben afrontar como pueden, en lo que pareciera ser una sociedad más selvática cada vez más.

Hace algunos años, la CEPAL (Comunidad Económica para América Latina) se manifestó (tibiamente) a favor de trabajar en un proyecto de Ingreso Ciudadano Universal, de similares características a los modelos sociales de Finlandia, Suiza y Canadá, que previendo el avance tecnológico, y el fuerte impacto sobre el empleo tal como lo concebimos hoy, destinan un fondo social a garantizar un monto fijo a cada ciudadano, desde que nace hasta que muere, asegurando así el derecho a la existencia, más allá de las turbulencias económicas de un contexto mundial cambiante y por momentos despiadado.

Con una crisis regional enmarañada, y atravesando Argentina una coyuntura muy compleja, es casi una utopía pensar en un Ingreso Ciudadano Universal, puesto que se intenta, a duras penas, poner a funcionar una economía muy dañada, y una deuda impagable en los términos que fue contraída. Pero existen antecedentes importantes en la Seguridad Social Argentina, como la Asignación Universal por Hijo, el Seguro por Desempleo, la Asignación para el Embarazo Social, el Plan Progresar y el muy reciente Plan contra el hambre. Programas que son de una ayuda muy significativa para quienes lo perciben.

La urgencia requiere estabilizar la economía, y poner a funcionar la producción en un contexto mundial absolutamente adverso. Pero en algunos años más, de lograr salir del grave problema de endeudamiento y escasa producción, será imprescindible trabajar con metas claras para diseñar un proyecto similar al del Ingreso Ciudadano Universal, poniendo a disposición de la producción, la obra pública y la generación de empleo genuino, los diferentes recursos de cajas previsionales provinciales o fondo de garantía de sustentabilidad. El conocido Plan PRO.CRE.AR, es un ejemplo. Pero se podría invertir en viviendas sociales, créditos personales para reactivar la industria automotriz, y financiación blanda a las Pymes para generar un círculo virtuoso que contribuya a la creación de más empleo, más aportes al sistema y mejora de las condiciones generales.

Por supuesto que habrá que generar organismos de control necesarios para que la corrupción no se lleve puesto un avance social que sería revolucionario. Pero sin dudas será inevitable avanzar hacia ese tipo de políticas sociales para que, existir deje de ser un derecho en peligro.