El gobierno provincial presentó una nueva oferta de incremento salarial a los empleados judiciales, que lleva al 16% el aumento sobre los salarios básicos para los meses de septiembre, octubre y noviembre (calculados sobre los haberes vigentes al mes de diciembre de 2019), e incorpora un aumento de 2,4 puntos porcentuales a la bonificación especial y compensación funcional a partir del mes de septiembre.

En detalle, el 16% de aumento ofrecido a los básicos (12% en el mes de septiembre, 2% en el mes de octubre y 2% en el de noviembre) sumado al incremento en la bonificación especial y compensación funcional y al 9% acordado en marzo será la base para la discusión en la reapertura de las negociaciones prevista para la primer semana del mes de diciembre, donde se terminará de definir el aumento total acumulado para 2020, informaron desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

“La mejora en la oferta que recibimos es la demostración más clara de que la lucha y la organización colectiva en la AJB son el camino para defender nuestros derechos. Sin el compromiso de las y los judiciales que sostuvieron las medidas de fuerza y la participación en las asambleas hubiera sido imposible superar el decreto y lograr una propuesta superadora”, señaló Pablo Abramovich, secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense.

Por su parte, la ministra de Trabajo anunció la convocatoria de la mesa de trabajo para el próximo 19 de noviembre con participación del Ministerio de Justicia y representantes de la Suprema Corte, para abordar los reclamos no salariales que viene realizando la AJB: ley de negociación colectiva para el Poder Judicial, crisis de infraestructura edilicia y puesta en funcionamiento de nuevas dependencias judiciales e incorporación de personal, reversión del proceso de tercerización del servicio de limpieza y devolución de los descuentos por medidas de fuerza realizadas durante 2018 y 2019.

La propuesta formalizada ayer por el gobierno de Axel Kicillof se analizará durante las asambleas que se reunirán hoy en los diecinueve departamentos judiciales, donde los trabajadores judiciales definirán los pasos a seguir. Es decir, si aceptan o continúan con las protestas.