Una presentación parlamentaria de un grupo de organizaciones de defensa de los consumidores para crear una comisión bicameral que audite el proceso de inversiones de las distribuidoras eléctricas realizada a poco de que venza el congelamiento de las tarifas eléctricas dispuesto a principios de año, volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre cuanto deberán pagar los bonaerenses  por este servicio el año próximo.

En una nota que dirigieron a la senadora Gabriela De María (FdT), la presidenta de la Comisión de Usuarios y Consumidores, un grupo de  diecisiete organizaciones plantearon la necesidad de crear una comisión bicameral que “investigue íntegramente” el proceso de revisión tarifario 2017-2022, que puso en marcha el gobierno de María Eugenia Vidal y el de Axel Kicillof suspendió  a través de la ley de emergencia económica.

Un punto significativo es que las organizaciones de los consumidores le remitieron a los senadores una copia del “Informe de Revisión Tarifaria RTI 2017-22” que realizó la subsecretaría de Energía de la Provincia, controlada por Gastón Ghione, en el primer semestre de este año, en el cual se denuncian que hubo aumentos de hasta 3.500% hasta agosto de 2019, pero que eso no implicó inversiones acordes que mejoraran el servicio, sino una mayor toma de ganancia para los accionistas de la compañía.

Ese trabajo tensó la relación del gobierno de Rogelio Pagano, el propietario de las cuatro distribuidoras que regula la provincia, Edelap, Edes, Edea y Eden, todas pertenecientes al grupo DESA, que dan servicio a toda la población que vive fuera del Conurbano (allí las concesionarias son Edenor y Edesur, controladas por Nación) junto con unas 280 cooperativas.