La Corte Suprema de Justicia resolvió que el planteo de la Ciudad de Buenos Aires contra el Decreto de Necesidad y Urgencia dispuesto por el Gobierno nacional que suspendió las clases presenciales por dos semanas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es de “competencia originaria” de ese tribunal.

Eso significa que únicamente la Corte Suprema puede entender en el planteo que formuló la administración de Horacio Rodríguez Larreta contra el artículo 2° del Decreto 241/2021, que fue el que interrumpió las clases presenciales en el AMBA.

“De conformidad con lo dictaminado por la señora procuradora fiscal, la presente causa es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La acción entablada se sustanciará por la vía del proceso sumarísimo”, dispusieron los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. La quinta integrante de la Corte, Elena Highton de Nolasco, votó en disidencia.

El máximo tribunal notificó la decisión a las partes y le libró oficio a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación para que formule sus planteos en el término de cinco días hábiles.

Al reivindicar la intervención exclusiva de la Corte, el fallo pone virtualmente en entredicho la medida cautelar dispuesta por una sala de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, que el domingo por la noche dispuso la continuidad de las clases presenciales.

El voto mayoritario decidió, además, dejar sin efecto el traslado que había ordenado la semana pasada al procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, para que interviniera en la cuestión en virtud del artículo 11 de la ley 25.344, que especifica excepciones en el trámite de amparos y procesos sumarísimos.

El Gobierno tendrá ahora cinco días para responder -a través de la Jefatura de Gabinete- los argumentos expuestos por la administración de Rodríguez Larreta.

Luego, la Procuración General tendrá la posibilidad de expedirse sobre el fondo de la cuestión.

El viernes, en tiempo récord, se había manifestado a favor de que la Corte tomara el caso en un dictamen firmado por Laura Monti, una funcionaria de carrera en el Ministerio Público.

Otro capítulo de la judicialización de las medidas contra el coronavirus se libró en la Justicia porteña con la resolución de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que dispuso el retorno de la presencialidad educativa en la Ciudad.

Ante esta decisión, la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, pidió la inhibitoria de la Justicia porteña y que se mantenga la aplicación del decreto presencial.

El planteo de la Procuración General fue presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2, cuyo titular es el juez Esteban Furnari.

Paradójicamente, para mañana está citada por la Corte una audiencia de conciliación por el decreto presidencial que le recortó a la Ciudad de Buenos Aires fondos de la coparticipación federal. Nación acudió a la Cámara Federal para intentar dejar sin efecto el fallo de la Justicia local Para mañana está citada una audiencia entre las mismas partes por el tema coparticipación La Corte Suprema prometió celeridad, pero no puso plazos.