En el marco del tratamiento de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2020, la Concejal de Juntos por el Cambio por la UCR, Patricia O`Brien, del distrito de General Pinto, emitió unas consideraciones acerca de la contratación estatal de las cooperativas de trabajo y su relación con la precarización laboral, en este caso propiciada por el gobierno municipal.

En el caso del Municipio de General Pinto, la Cooperativa de Trabajo el Amanecer Limitada es una cooperativa de trabajo dedicada al mantenimiento de espacios verdes y al mantenimiento y refacción de edificios. Sin embargo, sus integrantes brindan servicios de enfermería, de mucama y de limpieza en centros sanitarios como el Hospital Municipal y los CAPS de las localidades; como así también servicios de asistencia de personas y/o ancianos en el Centro de Rehabilitación San Cayetano y las Casas de los Abuelos del distrito mientras que otros integrantes prestan servicio de barrido de calles, entre otros servicios prestados por sus miembros.

Ante esta situación, la concejal se preguntó en diálogo con INFONOROESTE: "¿esa enfermera, esa mucama, ese barrendero, ese asistente de ancianos, ese chofer de la combi, esa cocinera, etc.; goza de los mismos derechos que el personal de planta del Municipio?.  Esa enfermera, esa mucama, ese barrendero, ese asistente de anciano, ese chofer, esa cocinera, etc., ¿cobra aguinaldo?, ¿tiene derecho a estar sindicalizado?, ¿cuántos días de vacaciones tiene?, ¿goza de estabilidad laboral?, ¿tiene derecho a una jubilación? ¿cobra indemnización si es despedido? ¿está protegido en caso de accidente de trabajo?"

Y remarcó: "al mantener personal dependiente como si fuera asociado y al tercerizar servicios relacionados con la salud y la limpieza, podríamos decir que el municipio utiliza a la Cooperativa como un atajo creativo para eludir el cumplimiento de las obligaciones resultantes de una relación de trabajo.  En virtud de ciertos debates de índole jurídico sobre este aspecto, esta situación podría ser vista como una conducta ilegítima que el gobierno municipal no debería consentir ni fomentar.

"Esta forma de prestación de servicios esenciales para el funcionamiento de un municipio conduce a una flexibilización y precarización laboral vulnerando derechos sin encuadrarse en los derechos de los trabajadores garantizados por el Art. 14 bis de la Constitución Nacional", cerró.