La Justicia prohibió a las empresas de energía eléctrica que operan en la provincia de Buenos Aires limitar, suspender o cortar el servicio por deudas a asociaciones civiles, clubes de barrio, centros culturales y de jubilados, entre otras asociaciones protegidas por ley ante el impacto de la pandemia, luego de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense y la Dirección que nuclea a estas entidades.

Las entidades venían reclamando desde hace un tiempo por los incumplimientos de las compañías eléctricas a los beneficios dispuestos por una ley provincial, de autoría del diputado Facundo Tignanelli, para protegerlas de los efectos económicos relacionados a la pandemia.

En rigor, la denuncia de las entidades estuvo relacionada con que las distribuidoras no aplicaron la tarifa cero que debían facturar durante el tiempo que durara la emergencia sanitaria a asociaciones civiles declaradas de interés público provincial. En esa tipificación están los clubes de barrio, centro de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, jardines comunitarios y organizaciones de comunidades migrantes, entre otras.