El informe trimestral de FADA indica que el 65% de la renta del productor queda en manos del Estado en sus diferentes niveles: 94% nacionales, 5% provinciales y el resto municipales. “El Índice subió 6 puntos desde la última medición de diciembre, los principales motivos son: suba de costos y caída de precios”, explica Nicolle Pisani Claro, Economista Jefe FADA.

“Para entender por qué aumentó la presión tributaria hay que detenernos en qué mide el índice FADA: cuánto de la renta agrícola se va en impuestos. La renta es el resultado de restarle los costos de producir al valor de esa producción que hacemos. Si cae el precio o suben los costos, la renta se achica. Pero el tema es que los impuestos no se reducen en la misma proporción que la renta, es más, casi que no lo hacen. Es por esto que cuando el valor cae o los costos suben, la participación de los impuestos sobre la renta aumenta. Esto es lo que arrojó esta medición, por eso el Índice FADA es 6 puntos mayor que la última edición”, agrega Pisani Claro.

Dentro de los impuestos nacionales, el 67% no se coparticipan a las provincias, es decir, no vuelven a las regiones que lo produjeron. “De aquí se desprende la discusión sobre el federalismo de un esquema en el que la mayor parte de lo recaudado no se reparte a las provincias, en una actividad que por definición es federal y está arraigada a las distintas regiones del país”, destaca Natalia Ariño, Economista FADA.

“Si nos detenemos en las provincias analizadas, vemos que Córdoba registra un 64,9%, Buenos Aires 61,9%, Santa Fe 61,1%, La Pampa 62,9%, Entre Ríos 65,4% y San Luis 59,9%. Para medirlo, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales, y los fletes, que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos. Así como la proporción de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia”, expone Pisani Claro.

En esta medición en particular se consideraron los incrementos para el año 2024 de inmobiliario rural, tasas y guías municipales. En el caso particular del inmobiliario se han registrado, dependiendo la provincia, incrementos que van desde el 180% hasta 250%.