El titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y los Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, explicó que luego del aumento que rige para abril en el servicio del gas, el incremento previsto desde mayo hasta septiembre incluido irá del 300 al 1000%. En ese sentido, explicó que “el gobierno decidió quitar un 70% de los subsidios a las pymes, comercios, industrias, organizaciones sociales, clubes de barrios, así como a los mayores y medios contribuyentes”. Por lo tanto, enfatizó que “el incremento va a ser muy superior al que están informando”.

En declaraciones a Radio Provincia explicó que los valores aprobados por el gobierno “no respetan la estructura de costos”. Argumentó que “están aplicando precios internacionales. No son precios por haber sacado gas de boca de pozo de la Argentina, sino que estamos pagando un plus como si estuviéramos pagando gas exportado de Europa”.

A su vez, advirtió que “en el gobierno de Mauricio Macri, el aumento de los servicios públicos eran mucho más grande, pero había un incremento de salarios”, lo que permitía que “algunos consumidores pudieran hacerle frente”. No obstante, señaló que “otras personas directamente se desconectaron del gas”. En tanto, lamentó que “ahora no tienen incrementos de salarios y muchos se quedaron en la calle”.

El defensor de los consumidores subrayó que “la Constitución Nacional obliga al Estado al acceso a los servicios públicos”. Por lo tanto, les pidió a “los señores políticos, que empiecen a pensar muy bien lo que están haciendo porque a los consumidores no le están permitiendo el acceso”. De todos modos, reconoció que “no se puede hacer nada con esto porque los jueces y los políticos tienen miedo”.

Más tarde, agregó que “el problema actual que estamos viviendo los argentinos, es que quien gobierna no piensa en las personas sino en los negocios”. Bassano denunció que “pareciera que estuviésemos en un gobierno militar, en una dictadura”. Por otro lado, señaló que “los órganos de control como en ENACOM, el ENARGAS, el ENRE están desmantelados porque despidieron a los trabajadores que el Estado educó para atenderlos”.