El Gobierno y los bloques de diputados colaboracionistas dieron dictamen exprés a la versión reducida de la ley Bases, que incluye una reforma laboral cin tratamiento previsto este lunes en el recinto de la Cámara Baja donde podrían darle media sanción.

La Casa Rosada se inclinó por una reforma “acotada”, que extiende el periodo de prueba de los trabajadores a seis meses —con posibilidades de ampliarlo según las empresas a ocho meses y un año—, elimina las multas a los empresarios por el empleo no registrado, implementa un fondo de cese laboral optativo para eliminar las indemnizaciones patronales y establece despidos “justificados” y penas de hasta tres años por bloqueos o tomas “parciales” de establecimientos productivos; aunque evitó avanzar contra el aporte de los trabajadores a sus organizaciones gremiales y los límites del derecho a huelga a múltiples actividades laborales.

La oposición dura al gobierno le dispensó críticas y advertencias por el avance contra los derechos de los trabajadores; mientras que el triunviro de la CGT, el camionero Pablo Moyano, sostuvo que el intento de Milei de concretar una reforma laboral fortalecerá el paro general que la central obrera convocó para el 9 de mayo.

Desde la CGT consideraron al proyecto como "una condena para los trabajadores". En declaraciones a AM750, el camionero Pablo Moyano dijo que a la reforma "la rechazamos de plano. No podemos permitir que los trabajadores no cobren indemnizaciones y que se le tengan que pagar ellos mismos”, dijo.

Al mismo tiempo, alertó por la pérdida de derechos y lamentó que, si avanza la reforma, los trabajadores no tendrán derecho a huelga. "Plantea los períodos de prueba y eso no es negociable. Eso es regresivo, te saca derechos. Y es represiva si llevás adelante a una medida de fuerza. Es condenar a los trabajadores que llevan adelante una medida”.