La Justicia confirmó hoy que la Agencia de Recaudación de Buenos Aires liquidó correctamente el Impuesto Inmobiliario Rural, al rechazar la pretensión de un productor del partido de La Plata que había pedido que, por vía cautelar, se obligue al organismo recaudador a volver a liquidar el tributo pero con un incremento menor al que estableció el organismo recaudador.

Se trata de un fallo de Juzgado Contencioso Administrativo 4 de la capital provincia, a cargo de la jueza María Ventura Martínez desestimó un pedido de cautelar que había presentado el productor agropecuario Raúl Alberto Remorini en que inició contra ARBA para que le permitan pagar un monto menor del Inmobiliario Rural con el argumento de que estuvo mal liquidado.

La presentación de Remori se realizó en medio de una dura disputa entre el gobierno de Axel Kicillof y un grupo de productores rurales, algunos con militancia política, que se opusieron al pago del Tributo y recibieron el apoyo del presidente de la Nación, Javier Milei y del diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quienes llamaron a una rebelión fiscal.

Pero ahora el fallo que formó Ventura Martínez pone fin al debate, al establecer que ARBA liquidó “correctamente” el IR. En términos técnicos, ello ocurre porque según, según determinó la justicia no está vigente un límite de imposición contenido en el consenso fiscal firmado en 2021 que establecía un tope del 3% de la valuación fiscal de la propiedad rural alcanzada.

A través de la causa Remorini buscaba, según explicaron a DIB fuentes judiciales, pagar el IR en forma anual con un aumento del 200% respecto de 2023, pero con un descuento del 35% por “contribuyente cumplidor” que no está vigente y sin índices de actualización. Pretendía además que ARBA no pueda avanzar con reclamos judiciales para cobrar.

Los incrementos en el Inmobiliario Rural fueron establecidos, a igual que el resto del esquema impositivo, a través de una ley aprobada en diciembre del año pasado, con respaldo de Unión por la Patria, la UCR y el PRO.