En vez de aplacarse, el conflicto que mantienen las universidades públicas nacionales con el Gobierno nacional está lejos de terminar. Luego del anuncio del veto presidencial del presupuesto del sector votado por el Senado, la presentación del presupuesto nacional 2025 avivó el fuego. En las partidas proyectadas para el año próximo, la administración de Javier Milei le asignó a las instituciones cerca de la mitad de lo que vienen pidiendo. 

Ahora, los rectores y las federaciones que nuclean a docentes y no docentes amenazan con una nueva marcha para octubre, como manera de presionar para que la cámara de Diputados exija volver a votar la ley de presupuesto universitario para sortear así el veto presidencial.

Según consta en el documento del presupuesto, el Gobierno le asignó $3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pide $7,2 billones para poder funcionar.

La diferencia entre el presupuesto proyectado por el Gobierno y el diseñado por los rectores es enorme: de unos $3,4 billones. Concretamente, el número que determinó el oficial es de $3.804.206.408.806. En tanto, el de las autoridades universitarias finales del mes pasado, durante el plenario del CIN en La Pampa, contempla unos $7.190.565.984.958. La diferencia es de $3.386.305.576.152.

"Mientras nosotros contabilizamos que debemos recuperar el salario que perdimos este año el gobierno da por descontado que eso no va a suceder y hay un diferencial muy importante por eso", explicó eñ rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, al respecto y señaló que "si no nos ponemos en el punto de partida de que este año está en discusión todavía es muy difícil proyectar el año que viene".