Impacto a la política
Gobierno busca eliminar el financiamiento público de las campañas electorales
La iniciativa, incluida en las sesiones extraordinarias convocadas para febrero, busca modificar la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos con la finalidad de reducir el gasto estatal
El Gobierno nacional acelera proyecto de reforma electoral en la antesala de las elecciones 2025 que incluye la eliminación del financiamiento público de las campañas políticas y los espacios gratuitos en medios audiovisuales. La iniciativa, incluida en las sesiones extraordinarias convocadas para febrero, busca modificar la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos con la finalidad de reducir el gasto estatal en un contexto de ajuste fiscal impulsado desde la administración de Javier Milei.
El proyecto, apunta a la eliminación del financiamiento público para las campañas y los espacios publicitarios gratuitos, lo que deja únicamente los fondos destinados al sostenimiento institucional de los partidos. Además, esta modificación quita la obligación de asignar porcentajes de la publicidad digital a medios nacionales y provinciales lo que deja a los partidos pequeños en desventaja frente a los que cuentan con respaldo financiero de grandes empresas o individuos.
En esa línea, la nueva reforma electoral aumenta el límite de los aportes privados. La normativa actual permite a una persona física o jurídica aportar hasta el 2 % del gasto máximo permitido. El proyecto eleva este porcentaje al 35 %, multiplicando por 17,5 la influencia que un único donante puede tener en una campaña.
Actualmente, la Ley 26.215 establece un sistema mixto de financiamiento político para las campañas electorales. Este esquema combina aportes públicos y privados con límites claros para evitar el predominio de grandes donantes. Los partidos reciben fondos estatales a través del Fondo Partidario Permanente, destinado al desenvolvimiento institucional, la capacitación política y las campañas electorales. Asimismo, las campañas cuentan con un “aporte público extraordinario”, incluido anualmente en la Ley de Presupuesto, y espacios gratuitos en medios audiovisuales regulados por la legislación vigente.
El proyecto de reforma electoral que elimina el financiamiento público en las campañas electorales, forma parte del paquete de iniciativas incluidas en las sesiones extraordinarias y requiere mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso.
El proyecto de reforma electoral forma parte del paquete de iniciativas incluidas en las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo y requiere mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso nacional. El oficialismo y sus aliados negocian contrarreloj para garantizar su aprobación antes del inicio de las sesiones ordinarias el 1 de marzo. Si no logran tratarlo antes del 21 de febrero, el Ejecutivo ya anticipó que insistirá con el debate en el período ordinario.
Reforma electoral: las consecuencias detrás de la eliminación del financiamiento público de las campañas
El proyecto oficialista, bajo el título de “Reforma para el Fortalecimiento Electoral”, propone eliminar el financiamiento público de las campañas y los espacios gratuitos en medios audiovisuales, además de profundizar la dependencia monetaria de los partidos políticos de los aportes privados, favoreciendo a los sectores con mayor capacidad económica.
Marcos Schiavi, exdirector nacional electoral, advirtió que la eliminación del financiamiento público de las campañas electorales busca “personalizar, privatizar y fragmentar la política argentina”.
En este marco, los partidos políticos más pequeños o de alcance local serían los principales afectados por estas modificaciones. Sin el financiamiento público y con mayores límites para los aportes privados, estos partidos tendrían menos recursos para competir en igualdad de condiciones con los grandes partidos, que suelen contar con apoyo de empresas y donantes adinerados.
Al respecto, Marcos Schiavi, exdirector nacional electoral, advirtió que estas propuestas buscan “personalizar, privatizar y fragmentar la política argentina”, y aumentó la injerencia del sector privado, al tiempo que limita la independencia de los partidos. Por su parte, Delia Ferreira Rubio, expresidenta de Transparencia Internacional, señaló que eliminar los límites a los aportes privados podría convertir a los donantes en “dueños y patrones” de los candidatos.
Asimismo, la politóloga y diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Carla Carrizo, alertó sobre las implicancias de este cambio. “Vamos a un modelo similar al estadounidense, donde la privatización de la competencia electoral es total. Esto debilita la capacidad de la ciudadanía para influir en las decisiones políticas”, categorizó la legisladora radical.
En sistemas donde predomina este tipo de operaciones, como es el caso de Estados Unidos, la influencia de grandes capitales en la política ha generado múltiples controversias. El caso de Elon Musk ilustra las consecuencias de un sistema basado en el financiamiento privado sin restricciones.