El Gobierno nacional confirmó que la obra pública seguirá congelada en 2025 tras alcanzar el “superávit financiero” con un ajuste drástico del gasto que dejó a la inversión en infraestructura en su nivel más bajo desde 2003, lo que provocó la caída de unas 4.000 empresas constructoras y la pérdida de 80.000 empleos. En Junín queda pendiente la obra del Paso Bajo a Nivel, las 149 viviendas del Plan Pro.Cre.Ar y la finalización de la autopista.

La decisión oficial fue ratificada por fuentes de la Casa Rosada, que descartaron cualquier posibilidad de incrementar la inversión en obra pública y señalaron que serán las provincias las responsables de financiar proyectos de infraestructura. “No pasa solo porque no hay plata, es una concepción de este Gobierno, salvo contadas excepciones las obras las tienen que hacer las provincias”, afirmó un funcionario del Ejecutivo nacional.

Según un informe de la consultora PxQ, fundada por el exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, la partida de gastos de capital cayó un 77% en 2024 y fue la más afectada dentro del ajuste a la obra pública, seguida por las transferencias a provincias, que se redujeron un 68%, otros gastos corrientes con una baja del 66% y los subsidios económicos, que cayeron un 34%.

En ese marco, según los datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), el impacto del ajuste sobre el sector privado fue por demás contundente. Para octubre de 2024, la cantidad de empleadores se redujo en un 9,2%, lo que representó la desaparición de alrededor de 4.000 empresas en un año. A su vez, el Instituto Argentina Grande, que agrupa técnicos vinculados al exministro Gabriel Katopodis, estimó una pérdida de 80.000 empleos en el sector.