La senadora provincial Yamila Alonso elevó dos proyectos dirigidos al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para que, a través de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario Provincial y en los términos de la Ley 10.390, disponga de inmediato la declaración de Emergencia y/o Desastre Hídrico-Agropecuario en los partidos de Chacabuco, Rojas, Salto, San Antonio de Areco, Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Junín, 9 de Julio, Carlos Casares, Chivilcoy, Suipacha, Castelli, Bragado y en toda otra jurisdicción que acredite daños de similar magnitud, habilitando sin demora los beneficios fiscales, crediticios y las obras de infraestructura hidráulica indispensables para la recuperación de las explotaciones afectadas.

FUNDAMENTOS

"El presente proyecto pone en primer plano la necesidad de que el Poder Ejecutivo Provincial declare con carácter urgente el estado de Emergencia y/o Desastre Hidrico-Agropecuario en los partidos del norte y centro-norte de la provincia azotados por las lluvias extraordinarias del 16 al 18 de mayo de 2025", expresa en primer término.

Y remarca que "durante esas 48 horas cayeron entre 250 y 400 mm en numerosas localidades: Rafael Obligado (300 mm), Chacabuco-Huergo (165 mm) e Inés Indart (158 mm), con registros superiores a 200 mm en Rojas, Salto y San Antonio de Areco. Incluso el Servicio Meteorológico Nacional elevó la alerta a "rojo" al constatar acumulados de 150-250 mm entre Zárate y Arrecifes y la regeneración constante de tormentas sobre suelos saturados. Las lluvias intensas de marzo ya habían dejado los suelos saturados, especialmente en zonas como 9 de Julio y el noroeste bonaerense".

"Esta situación, combinada con la falta de obras hidráulicas adecuadas, como canales de drenaje y defensas, agravó las inundaciones", señala luego, al tiempo que indica: "el impacto productivo es contundente. La Bolsa de Cereales advirtió que unas 530.000ha de soja y 120.000ha de maíz tardío permanecen sin cosechar, con riesgo de pérdidas totales por anegamiento y deterioro de calidad. Informes previos ya señalaban más de 500.000 ha de soja y 120.000 ha de maíz comprometidas sólo en el norte bonaerense, además de silobolsas bajo agua y caminos rurales intransitables".

"Las primeras estimaciones sectoriales ubican las pérdidas económicas directas por encima de USD 500 millones, sin contar el efecto cascada sobre la siembra fina y la logística exportadora. El daño social acompaña la magnitud productiva: rutas 8 y 9 cortadas, miles de personas evacuadas y parajes rurales aislados. Numerosos establecimientos ganaderos reportan mortandad de terneros y ovinos, mientras que la mercadería embolsada corre serio riesgo sanitario", completa. 

Y cierra: "el cuadro descrito encuadra plenamente en los supuestos del artículo 8° de la Ley 10.390 -más del 50% de afectación para "emergencia" y más del 80% para "desastre"-, habilitando la intervención de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario Provincial para delimitar las zonas, emitir el dictamen técnico y elevarlo al Poder Ejecutivo. Defender al campo es defender el trabajo y la Argentina que produce. Resulta imperioso que el Gobierno provincial actúe con celeridad y transparencia, evitando que la burocracia profundice un desastre que ya es productivo, económico y humano"