En medio de una profunda crisis económica, la caída en la coparticipación está generando un fuerte impacto en las finanzas de los municipios bonaerenses, que advierten sobre el riesgo de colapso operativo si no se revierte la tendencia. La situación, además, agudiza las tensiones políticas entre Nación, Provincia y los gobiernos locales.

Según estimaciones de distintos municipios, la coparticipación cayó entre un 20% y un 25% en términos reales, debido a la retracción del consumo, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. A esto se suma el retraso en envíos no automáticos por parte del gobierno nacional a las provincias, que a su vez afecta el flujo hacia las comunas. “La coparticipación cayó un 25% en términos netos. Este esfuerzo debe ser conjunto, necesitamos respaldo institucional para enfrentar una situación excepcional”, alertó la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile (PRO), quien solicitó la emergencia económica en su distrito.

Un fenómeno generalizado con impacto político

La caída de la coparticipación no afecta solo a municipios opositores. También intendentes peronistas han elevado reclamos por la situación. Desde distritos del conurbano como La Matanza, Merlo y Florencio Varela hasta ciudades del interior como Bolívar o Chacabuco, hay preocupación por el deterioro de la recaudación y la falta de obra pública nacional.

En este escenario, el gobernador Axel Kicillof ha intensificado su reclamo al gobierno de Javier Milei por lo que calificó como una “asfixia financiera deliberada”. En el acto de lanzamiento de su espacio “Movimiento Derecho al Futuro”, Kicillof denunció que: “No se ataca a un gobernador, se está perjudicando a 17 millones de bonaerenses. Menos fondos significa menos salud, menos educación y menos seguridad”.

El gobierno nacional, en cambio, sostiene que la coparticipación se distribuye según lo que marca la ley y que no habrá giros discrecionales, en línea con su plan de ajuste fiscal. Sin embargo, la reducción del gasto público nacional ya se siente en las provincias a través de la paralización de obras, recorte de subsidios y eliminación de transferencias específicas.

Municipios rurales, con doble crisis

En los municipios del interior bonaerense, la situación se agrava por el impacto de las inundaciones. Más de 2 millones de hectáreas agrícolas y ganaderas resultaron afectadas, lo que redujo la producción y, por tanto, la recaudación local.

En este contexto, concejales de La Libertad Avanza como Juan Manuel Cornaglia (Junín) presentaron proyectos para exigir a la provincia que retrotraiga el aumento del 9,3% del impuesto inmobiliario rural, aprobado por decreto de Kicillof. “No es momento para aumentar impuestos. El campo está devastado y lo que se necesita es alivio fiscal y fomento a la producción”, argumentó Cornaglia.