Al igual que lo que sucedió en CABA y en diversos puntos del país, familias y profesionales decidieron manifestarse en Junín, frente al palacio municipal, en  rechazo del veto del presidente Javier Milei, que busca dejar sin efecto la ley que crea un fondo específico y aumenta las partidas presupuestarias para evitar que todo el sector de discapacidad colapse.

El proyecto vetado proponía declarar la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el año 2026. Entre los puntos principales, se preveía la creación de una pensión no contributiva compatible con el empleo formal, la actualización automática de aranceles para prestadores y un sistema de compensaciones.

Según estimaciones del Gobierno, su implementación representaría un gasto superior a los 2 billones de pesos en 2025 y alcanzaría los 4,7 billones en 2026, sin contar los posibles impactos en el programa de atención médica “Incluir Salud”.

Durante la manifestación en Junín los presentes expresaron que "afecta a todos, profesionales, familias y la vida de las personas que se quedan sin tratamiento. No estamos haciendo política, estamos pidiendo que se respete el derecho a una vida digna".