Lo que era disrupción se convirtió en contradicción

Un gobierno que propone Libertad, pero sirve despotismo y nepotismo a la carta. Propone una democracia vacía - a fuerza de decretos-, donde el Parlamento debe oficiar de simulacros de representatividad - o escribanía -, y un presidente que a los gritos quiere imponer como única e incuestionable una verdad absoluta por divina revelación.

Un discurso de desregulación, anticasta y pulcritud moral maquilló — con prolija cosmética —los viejos vicios de la política y de la corrupción. Hoy, a días de una elección clave en la provincia de Buenos Aires, los hechos imponen un examen: ¿La vara social y judicial consagró frente al caso Vialidad, será capaz de ser aplicable que este gobierno?.

La elección intermedia atravesada por los escándalos de corrupción

Para verlo en un orden, más o menos cronológico: Febrero, caso LIBRA - promoción presidencial en redes, salto y desplome del activo, y el consecuente frente judicial fuera del país. No es un típico caso de administración fraudulenta estatal, pero marcó un patrón de temeridad comunicacional con efectos económicos sobre terceros.

Julio, escándalo Banco Nación que adjudica un contrato relevante de seguridad a una firma ligada a la familia de Martín Menem. La pregunta jurídica es precisa: más allá del parentesco— que no tipifica per se — ¿hubo direccionamiento, gestión de conflictos de interés y precio competitivo real frente al mercado? También en julio, estallaron las denuncias por “venta de candidaturas” en la estructura bonaerense del oficialismo.

En agosto, el broche más sensible: caso ANDIS - audios que describen retornos en compras de medicamentos, allanamientos, secuestro de teléfonos, rutas de papeles. Si la pericia confirma autenticidad y los encaja con expedientes, órdenes de pago, sobreprecios y beneficiarios finales, el cuadro muta de “ruido” a cohecho y administración fraudulenta, y claro, asociación ilícita.

Mientras todo sucede, el relato oficial a través de los divulgadores periodistas (cobran pautas de YPF y otras empresas estatales. en dólares, en cifras obscenas) invocó una cruzada contra “nichos de corrupción” para desmantelar estructuras (INTA, INCCA, ANMAT, Corredores Viales, etc), despedir personal y recortar derechos que alcanzan a los más vulnerables — adultos mayores, niños con tratamientos oncológicos, y estudiantes en general— y hasta provocar importantes retrocesos en seguridad vial.

Si ese ajuste fue en nombre de la ética, hoy aparece el envés: un plan de negocios que camufla intermediarios, contratistas históricos y la complacencia de siempre. Aquí es hora de avanzar sobre las empresas figurantes bajo la Ley 27.401, la responsabilidad penal empresaria, y esta vez no hay salvavidas con cartelería de compliance. Porque la realidad indica, que los núcleos de corrupción están allí, ornamentados con Programas de integridad que no due diligencean a terceros críticos, que no documentan decisiones, que no reaccionan ante “red flags”, y no se ocupan adrede de no mitigar ningún riesgo. Más por cierto, los agravan. Los círculos de poder económico que orbitan al Estado tienen rol activo y, tienen base en muchos grupos económicos concentrados.

La forma republicana de gobierno: La justicia como poder de control.

La justicia debe intervenir sin pereza, y de ese modo, validar su rol como tercer poder en un estado democratico de derecho. “Hoy te convertís en héroe” le decía un capitán de la selección argentina de futbol a un arquero. La analogía es más válida que nunca.

La doctrina asentada en la causa Vialidad fijó tres columnas que no dependen de la bandera partidaria. Primero, la prueba indicaría plural, convergente y concordante: audios, chats, agendas, visitas, pliegos, actas, puntajes, redeterminaciones, órdenes de pago, y — sobre todo — rutas de dinero. Un audio aislado es ruido; un audio autenticado que calza con el papel y el dinero es evidencia. Segundo, el deber de control de los altos funcionarios: no alcanza el cargo en el organigrama, pero sí compromete cuando desde esa posición se crea, sostiene o tolera el ardid, por acción u omisión significativa. Tercero, el recorrido procesal robusto, requiere rápida intervención, y comprometer a la cadena de poder ya sea por deber de control, o defecto de organización. La vara no cambió porque cambió el gobierno.

La justicia como tercer poder, si realmente quiere su declamada independencia, debería desentenderse de los calendarios electorales, y actuar con velocidad y diligencia. Hay una hoja de ruta simple para empezar ya: pericia informática sobre los teléfonos, matriz de expedientes de compra con comparadores de mercado, verificación de beneficiarios finales, escrutinio de conflictos de interés (excusaciones, abstenciones, muros éticos), y control cruzado con SIGEN, auditorias, etc. En paralelo, auditar programas de integridad de los proveedores: si el due diligence a terceros críticos es un formulario vacío, la culpa de organización aparece en el espejo.

La figura presidencial: El tone at the top

La doctrina Vialidad dejó un método más que una condena: fijó que la responsabilidad por estructura alcanza a la cúspide cuando desde el vértice se crea, sostiene o tolera el mecanismo defraudatorio.

En un presidencialismo, el tone at the top es un deber jurídico de control. Si los indicios muestran que el primer anillo —incluida la secretaria general de presidencia - hermana del Presidente y su círculo de confianza— se gestiona, habilita o blinda decisiones que terminan en retornos, direccionamientos o tráfico de influencias, la línea de mando no es un cortafuegos: es una vía directa de imputación. Por eso, si audios autenticados, expedientes y rutas de dinero convergen, no hay tercera vía: o el Presidente conduce y corrige, o responde por haberlo permitido. El método ya está escrito: indicios convergentes, deber de control, sanción. La vara que se festejó en Vialidad obliga ahora a medir a los propios.

Solo así sabremos si el sistema recuperó la confianza. Si no, quedará claro que la Justicia retrocede donde “La Libertad Avanza”, y lo único que avanza es la impunidad.