Política
Con críticas, la tercerización de caminos rurales sale del Concejo
“Entendemos que como están los caminos no pueden seguir. La desidia y el abandono que tienen, sumado al reconocimiento del Ejecutivo de no poder hacer nada, nos llevan a tener que aprobar este proyecto”, dijo el concejal y productor, Rodrigo Esponda.
El concejal de la Coalición Cívica, Rodrigo Esponda, se refirió al expediente que será aprobado este martes en el Concejo Deliberante de Junín y que habilita la tercerización del mantenimiento de la red vial en manos de una empresa privada. “Después de mucho debate, con preguntas sin responder y entendiendo la dificultad y el abandono en el que se encuentran los caminos rurales, este martes el proyecto va a salir aprobado salvo que haya alguna modificación en la postura de algún bloque que decidió acompañar el viernes”, afirmó.
En esa línea, el edil marcó que “es un proyecto con muchas dificultades y dudas, que no enamoró a nadie y no satisfizo a nadie por los tiempos y la forma en que se hizo. Hubo falta de diálogo y escucha por parte del Ejecutivo hacia legisladores y actores que necesitaban ser parte”.
No obstante, justificó el acompañamiento: “Entendemos que como están los caminos no pueden seguir. La desidia y el abandono que tienen, sumado al reconocimiento del Ejecutivo de no poder hacer nada, nos llevan a tener que aprobar este proyecto”.
El concejal advirtió que ni con la empresa ni con el gobierno local se pudieron evacuar dudas centrales: “No sabemos cuál va a ser el plan de trabajo, el ancho de los caminos, qué obras hídricas se van a realizar, qué alteo tendrán. Es imposible conocer los costos reales sin esa información”.
En cuanto a los controles, Esponda destacó que “muchos concejales trabajamos en enriquecer el proyecto para que la comisión de seguimiento pueda llevar adelante un control sobre las tareas. Ponemos la esperanza en que se hagan como corresponde y, si no es así, que exista la posibilidad de rescindir el contrato y volver a foja cero”.
La comisión estará integrada por concejales, entidades agropecuarias, el Ejecutivo y la empresa, con informes técnicos que detallen los trabajos realizados.