Los concejales de la Unión Cívica Radical, Orlanda D’Andrea y Juan Pablo Itoiz, presentaron un proyecto de ordenanza que declara de interés público la construcción del paso bajo nivel de Av. Rivadavia y habilita mecanismos de financiamiento para que la obra pueda realizarse bajo la órbita municipal, en caso de que el Ejecutivo local obtenga el traspaso de la jurisdicción.

El proyecto contempla que los fondos se destinen exclusivamente a la obra y prevé diferentes vías de financiamiento: recursos propios ya incluidos en el presupuesto municipal y en los próximos presupuestos; la posibilidad de recurrir a endeudamiento bancario para aliviar el costo; y la aplicación de contribución por mejoras a los frentistas beneficiados. También incorpora beneficios para jubilados, pensionados y familias con ingresos menores a dos salarios mínimos vitales y móviles.

“Una propuesta concreta ante la inacción”

Juan Pablo Itoiz explicó que “hace meses que venimos trabajando en este proyecto, ya que la inacción del Departamento Ejecutivo municipal, la impasividad de los dirigentes de La Libertad Avanza y la falta de acompañamiento del gobierno provincial nos obliga como concejales a elaborar una propuesta de este tipo”.

El edil recordó que en marzo le adelantó al intendente Pablo Petrecca que estaban elaborando esta iniciativa: “Le dije que estábamos trabajando en la búsqueda de una solución de parte de la Municipalidad de Junín, sin renunciar por supuesto a los reclamos y acciones judiciales que debieran hacerse al Poder Ejecutivo Nacional y a sus organismos obligados a ejecutar la obra”.

Itoiz además señaló que la empresa a cargo de los trabajos manifestó su predisposición para continuar, siempre que se concrete un acuerdo entre el Municipio y Nación: “Sabemos porque lo hemos hablado con la empresa, que prestaría conformidad si el municipio y el Ejecutivo nacional se ponen de acuerdo en la transferencia de la obra. Por eso también pedimos al Ejecutivo municipal que lleve adelante el pedido, ya sea por negociación o por la vía judicial”.

Alternativa legal en caso de negativa

La ordenanza también prevé que, si el Gobierno nacional se niega a ceder la obra, el Municipio quede habilitado a iniciar acciones judiciales antes de que prescriban los plazos. De ese modo, el Ejecutivo local tendría herramientas legales para reclamar la transferencia y poder avanzar en la continuidad de los trabajos.

“Dejar de lado las declaraciones y pasar a la acción”

Finalmente, desde el bloque radical remarcaron que la paralización del viaducto mantiene a la ciudad “partida en dos” y que la propuesta busca ser una salida concreta frente al abandono del Gobierno nacional.

“Lamentablemente son muy pocas las alternativas que quedan para poder hacer la obra. Por eso es tiempo de dejar de lado las simples declaraciones de ocasión y pasar a la acción”, concluyeron los concejales.