La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó una fuerte crítica al proyecto de Presupuesto 2026, a la Ley Fiscal Impositiva y al endeudamiento provincial que el gobierno bonaerense busca aprobar en la Legislatura. La entidad ruralista advirtió que los acuerdos políticos en discusión “no responden al bienestar ciudadano”, sino que están orientados a “garantizar más cargos, más estructuras y más gasto político”.

En un comunicado difundido este miércoles, la organización apuntó directamente contra la propuesta de ampliar el directorio del Banco Provincia de 8 a 12 miembros, una iniciativa que interpretan como “una señal inequívoca” de que las negociaciones legislativas están atadas a beneficios partidarios antes que a prioridades de austeridad, eficiencia o equilibrio fiscal.

CARBAP remarcó que, mientras la agenda pública se concentra en “el endeudamiento y el reparto de posiciones”, la Provincia continúa sin avanzar en una revisión del gasto estatal ni en un proceso de modernización o racionalización. Según la entidad, no solo no se recortan privilegios ni se eliminan estructuras superpuestas, sino que nuevamente se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores.

En ese marco, manifestaron su “profunda preocupación” ante lo que consideran un desoído reclamo del sector productivo sobre el alcance de la Ley Fiscal Impositiva. “La Provincia no necesita más cargos ni más gasto político: necesita un presupuesto serio, responsable y comprometido con la producción, el trabajo y el futuro de los bonaerenses”, sostuvieron.

La entidad también advirtió sobre la falta de previsión y de recursos adecuados para la continuidad de las obras del Río Salado, consideradas estratégicas para la prevención de inundaciones. Señalaron que la escasa priorización de estos trabajos afecta de manera grave al interior productivo, donde las recientes crecidas provocaron importantes pérdidas económicas.

Finalmente, CARBAP insistió en que la discusión presupuestaria debería centrarse en la eficiencia, la racionalización del Estado y la reducción del gasto político, en lugar de avanzar en más estructuras y mayor presión tributaria.