La iniciativa, que ingresó al Parlamento a través del Senado, abarca 79 páginas y detalla uno por uno los cambios que el oficialismo pretende introducir en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, la columna vertebral de la legislación laboral argentina.

El texto constituye la apuesta más ambiciosa de la gestión Milei para flexibilizar las condiciones de contratación y despido, redefinir derechos individuales y colectivos, y avanzar en una reducción permanente de las contribuciones patronales. En términos prácticos, el proyecto plantea un nuevo marco normativo que impacta de manera directa en la forma en que se organizan, se remuneran y se extinguen las relaciones laborales.

En ese marco, gremios de Junín y la región ya plantearon interrogantes concretos y adelantaron un plan de lucha, comparando esta situación a la década menemista, donde se intentó llevar a cabo una medida similar por parte del gobierno. 

"Es totalmente regresivo con respecto a los derechos de los trabajadores", expresaron y plantearon fuertes críticas con relación a derechos históricos como la indemnización por despido, las vacaciones pagas y el aguinaldo.

Asimismo recordaron experiencias anteriores y sostuvieron que son cambios que ya se intentaron aplicar en los 90, cuando se aseguraba que más personas se iban a incorporar al mercado laboral y se terminó con una desocupación del 24%. 

"Antes de preocuparse por una reforma laboral deberían preocuparse por cambiar el modelo económico que hace que todos los días cierren pymes", plantearon finalmente.

El cierre del año llega “con mucha incertidumbre por lo que pueda pasar con la reforma laboral” y aseguraron que “daremos todas las luchas necesarias para defender los derechos”.