La Confederación General del Trabajo (CGT) avanza en el análisis jurídico de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y no descarta impugnarla en la Justicia si el proyecto se convierte en ley sin modificaciones sustanciales. Plantean que la iniciativa oficial presenta “violaciones a conceptos de carácter constitucional”.

La central obrera considera que varios artículos del proyecto afectan derechos fundamentales de los trabajadores y el rol de las organizaciones sindicales. En ese marco, anticipó que la CGT profundizará el diálogo con senadores de distintos espacios políticos para intentar introducir cambios en los puntos más controvertidos antes de la sanción definitiva.

Paralelamente, el equipo de abogados de la central sindical ya inició un estudio detallado del texto, con el objetivo de definir una estrategia judicial. Se trata del mismo cuerpo legal que logró, a fines de 2023, que la Justicia declarara la invalidez constitucional del capítulo laboral del DNU 70 impulsado por el Ejecutivo.

Uno de los ejes centrales de la posible impugnación será el artículo 88 del proyecto, que reglamenta el derecho de huelga en sectores como el transporte, la educación y la salud. La norma establece mínimos de actividad del 75% para servicios esenciales y del 50% para los considerados trascendentales, una regulación que la CGT considera más restrictiva que lo previsto por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).