El bloque de concejales de Alianza La Libertad Avanza presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante de Junín para que el Departamento Ejecutivo detalle el funcionamiento del servicio de transporte público urbano y, en particular, el destino de los subsidios que la Provincia de Buenos Aires envía para sostener el sistema.

La iniciativa surge a partir de los reiterados reclamos de vecinos y usuarios, quienes denuncian deficiencias constantes en la prestación del servicio, como unidades en mal estado, falta de limpieza, roturas mecánicas, interrupciones, demoras y el incumplimiento de recorridos y frecuencias.

Desde el bloque libertario remarcaron que el transporte público “es un servicio esencial” para garantizar el acceso al trabajo, la educación y la salud, y advirtieron que no se condice el volumen de recursos enviados por la Provincia con la calidad real del servicio que reciben los juninenses.

En ese sentido, el proyecto recuerda que la entonces subsecretaria de Transporte bonaerense y actual senadora provincial, Valeria Arata, anunció públicamente que el subsidio provincial para Junín pasaría de aproximadamente 25 millones de pesos a cerca de 98 millones, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y mejorar sus condiciones.

Sin embargo, según sostienen los concejales de La Libertad Avanza, las falencias persisten pese al fuerte incremento de fondos, lo que genera “fundadas dudas” sobre la administración, el control y la utilización efectiva de los recursos públicos.

Por ese motivo, el pedido de informes solicita que el Ejecutivo municipal detalle los montos recibidos desde 2024 a la fecha, discriminados por mes, la periodicidad de los envíos, el destino concreto de los subsidios, y los mecanismos de control aplicados para verificar su correcta utilización.

Además, se requiere información sobre si esos fondos fueron transferidos total o parcialmente a la empresa privada concesionaria, qué montos se giraron y qué obligaciones asumió la prestataria en relación con el mantenimiento de las unidades, la limpieza y la regularidad del servicio.

Finalmente, el proyecto pide conocer si el Municipio realizó inspecciones, auditorías, sanciones o intimaciones a la empresa concesionaria ante las reiteradas denuncias de los usuarios.

“Los subsidios se financian con el esfuerzo de todos los bonaerenses y deben traducirse en un servicio digno y eficiente”, señalaron desde el bloque, al tiempo que subrayaron la responsabilidad indelegable del Estado municipal y provincial en el control de un servicio público esencial.