El concejal de La Libertad Avanza en Pehuajó, Nicolás Martín Vescovo, presentó una denuncia administrativa ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires para que se investigue la legalidad de la Ordenanza N° 85/25, mediante la cual el Concejo Deliberante local declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación varios inmuebles pertenecientes a la firma Argenflora S.C.A.

La presentación solicita que el organismo provincial ejerza sus facultades de control de legalidad y de los procedimientos administrativos y financieros, al advertirse —según se sostiene— irregularidades graves en el dictado y ejecución de la norma, en presunta violación a la Ley 5.708, la Ley Orgánica de las Municipalidades y a la doctrina legal del propio Tribunal de Cuentas.

Según se detalla en la denuncia, la ordenanza fue sancionada el 30 de diciembre de 2025 y alcanza a inmuebles identificados catastralmente como Circunscripción 1, Sección C, Quinta 31, Manzanas 31B, 31C y 31D, todos de titularidad de Argenflora. La norma, además, designa al Departamento Ejecutivo Municipal como autoridad de aplicación y sujeto expropiante, habilitándolo a iniciar las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.

Entre los principales cuestionamientos, Vescovo remarca la inobservancia del artículo 3 de la Ley 5.708, que establece que la calificación de utilidad pública debe realizarse mediante una ley especial, salvo excepciones que —de acuerdo a lo planteado— no resultan aplicables al caso. En ese sentido, advierte que la ordenanza municipal intenta sustituir un requisito legal que excede las facultades del ámbito local.

Asimismo, la presentación subraya la falta de tasación y de previsión presupuestaria, en incumplimiento del artículo 4 de la Ley 5.708. Según se indica, la ordenanza no fija monto indemnizatorio alguno, no acompaña tasaciones oficiales ni acredita la existencia de recursos para afrontar el pago, lo que constituye una falta grave desde el punto de vista del control financiero y patrimonial.

En ese marco, el concejal solicitó la intervención del Tribunal de Cuentas para que analice la legalidad del procedimiento y determine las responsabilidades que pudieran corresponder.