A pocos días de retomar la actividad académica y de cara al inicio del ciclo lectivo 2026, los colegios privados atraviesan un escenario de marcada incertidumbre financiera, producto del desfasaje entre sus ingresos y los costos que deben afrontar durante los meses de verano.

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Argentina (AIEPA) señalaron que a la problemática habitual de enero y febrero —período en el que no se perciben aranceles pero se mantienen todos los gastos operativos— se suma el impacto de los recientes acuerdos salariales docentes en la provincia de Buenos Aires, que incluyen aumentos retroactivos.

Las instituciones educativas advierten que deben afrontar incrementos salariales desde diciembre, enero y febrero, además del proporcional del aguinaldo, sin que esté habilitada la actualización de las cuotas escolares. Según la normativa vigente, los colegios privados que reciben aporte estatal solo pueden modificar los aranceles a partir del mes de marzo, lo que genera un bache financiero de al menos tres meses.

“Los colegios deben pagar sueldos con aumentos retroactivos desde diciembre sin haber podido trasladar esos costos a las cuotas. Esa brecha genera un desequilibrio muy difícil de sostener”, explicó el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita.

De acuerdo a estimaciones del sector, las escuelas deben absorber un costo salarial acumulado cercano al 8,1%, correspondiente a los incrementos pactados en la última paritaria. Todo esto ocurre, además, en un contexto en el que muchas instituciones no perciben ingresos durante el receso estival.

En la provincia de Buenos Aires funcionan alrededor de 4.800 colegios privados con subvención estatal, que representan más del 70% del total de establecimientos de gestión privada. Todos ellos deben respetar los topes arancelarios fijados por el gobierno provincial.

Desde AIEPA también alertaron sobre otros factores que agravan la situación, como la caída sostenida de la matrícula en todo el sistema educativo, el aumento de la morosidad por las dificultades económicas de las familias y el crecimiento constante de los costos operativos.

“El sistema educativo privado atraviesa cambios profundos y enfrenta desafíos severos. Aun así, las instituciones hacen un gran esfuerzo por sostener y mejorar la calidad educativa en un contexto claramente desfavorable”, concluyó Zurita.